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En los enfrentamientos del 19 de junio de 2016 en Nochixtlán, Oaxaca, hubo uso excesivo de la fuerza de elementos policiacos estatales y federales; todos los funcionarios involucrados en el operativo policiaco deberán ser investigados y en su caso fincar responsabilidades, además de ofrecer disculpas públicas, indicó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Al presentar la recomendación 7VG/2017, Luis Raúl González Pérez, presidente de la CNDH, señaló que el operativo del 19 de junio de 2016, al mando de la Policía Federal para desalojar un bloqueo carretero en Oaxaca, tuvo un “pésimo diseño y una ejecución totalmente mala” que propició que durante 12 horas se registraron tres enfrentamientos entre civiles y elementos policiales en las poblaciones de Nochixtlán, Huitzo, Hacienda Blanca y Viguera.
En estos enfrentamientos siete personas perdieron la vida, 453 civiles resultaron con lesiones físicas, 45 de ellos por arma de fuego, o sicológicas, y 106 elementos policiales fueron heridos, cuatro de ellos por arma de fuego.
“El Grupo de Coordinación Oaxaca fue el que estuvo coordinando el diseño del operativo. Estamos pidiendo que se finquen responsabilidades, que se procese, previa investigación, a quienes intervinieron en el diseño y ejecución del operativo. El Grupo de Coordinación Oaxaca hizo un pésimo diseño y una ejecución totalmente mala que propició estas consecuencias; la instrucción fue que no fueran armados”, dijo.
González Pérez señaló que el origen de los hechos se encuentra en una mala planeación, diseño y ejecución del operativo, por lo que pidió investigar a todos los involucrados, incluyendo al secretario de Seguridad Pública y de Gobierno del estado de Oaxaca, así como al comisionado de la Policía y demás integrantes del grupo de coordinación Oaxaca.
Resaltó que no se supervisó adecuadamente a los elementos policiales estatales antes del operativo, por lo que algunos acudieron armados, y otros no estaban debidamente capacitados, como en los casos de los 30 integrantes de la banda de guerra, uno de ellos resultó herido por arma de fuego. También, personal administrativo, entre el que estuvo una mujer policía que corta el cabello a sus compañeros, además de otros que tenían más de 24 horas laborando y no contaban con el equipo completo, lo que dio como resultado que 15% de ese personal resultara lesionado.
Enrique Guadarrama López, segundo visitador general de la CNDH, señaló que se acreditó con testimonios de los propios mandos de los policías que el operativo del 19 de junio fue monitoreado en un hotel de la capital oaxaqueña por el denominado Grupo de Coordinación Oaxaca, integrado por autoridades estatales y federales, además de que en ese mismo hotel la Policía Federal estableció un puesto de mando que se encargó del enlace y operatividad entre los elementos policiales que acudieron al sitio del operativo y los mandos superiores.
“El 19 de junio hubo tres elementos que llevaron a la CNDH a concluir que fue excesiva la forma en la que se empleó la fuerza letal por parte de los policías. Dicha fuerza letal fue empleada de manera desordenada, arbitraria y a consideración individual de cada policía”, indicó.
Según los testimonios recabados por la CNDH, elementos de la Gendarmería declararon que fue su propio instinto o la autodeterminación lo que los llevó a accionar sus armas. El testimonio de uno de ellos indicó: “Nadie dio esa orden, todo fue sentido de supervivencia”.
Recomendación. La CNDH dirigió una recomendación de 26 puntos al gobierno de Oaxaca, la Fiscalía General del Estado, la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) y la Procuraduría General de la República (PGR) a fin de deslindar responsabilidades y se apliquen las sanciones correspondientes, se reparen los daños y afectaciones a las víctimas, y se atiendan los problemas socioeconómicos existentes donde ocurrieron los hechos, así como prevenir que se repitan situaciones similares.
Ante estos hechos, la CNDH recomendó a la Comisión Nacional de Seguridad, en materia de satisfacción a las victimas, una disculpa pública en coordinación con el gobierno del estado. Asimismo, se pide la colaboración en los procedimientos administrativos y penales que se inicien en contra de los responsables, incluyendo a los mandos, por la ejecución del operativo.
También recomendó el uso obligatorio de cámaras fotográficas, de video y audio en los operativos, así como la revisión del marco normativo aplicable al uso de la fuerza de la Policía Federal.
