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ACAPULCO, Gro.— Los 32 procuradores y fiscales del país se lanzaron contra la resolución del Primer Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito, que ordena reponer la investigación del caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa y la creación de una Comisión de la Verdad y la Justicia, la cual consideraron que contraviene la Constitución y es “excesiva”.
“La sentencia vulnera el principio de supremacía constitucional, el principio de reserva de ley, el principio de separación de poderes, y desborda los efectos que corresponden al juicio de amparo trastocando la esencia del Ministerio Público”, reviró el fiscal de Puebla, Víctor Antonio Carrancá, recién nombrado vocero de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, que se lleva a cabo en el puerto de Acapulco.
Acompañado del procurador de Justicia del Estado de México, Alejandro Gómez Sánchez, Carrancá enfatizó que “no cabe una interpretación pro persona, porque la resolución del tribunal colegiado no puede otorgar facultades que la Constitución establece de manera exclusiva para el Ministerio Público”.
“Para que un órgano ejerza funciones es necesario que así lo disponga el texto constitucional y las leyes emanadas de ella. En el caso concreto, no existe disposición alguna que faculte al Poder Judicial a subrogar la investigación y persecución de los delitos, al margen de distribución de funciones y competencias que expresamente establece la Constitución.
“Lo anterior, sin perjuicio del ejercicio de los derechos que establece la Constitución general de la República, los tratados internacionales y los ordenamientos legales a favor de los imputados, así como de las víctimas y ofendidos de los delitos”, indicó.
El fiscal mexiquense dijo que un tribunal colegiado no es autoridad facultada para ordenar la creación de una comisión de la verdad ni para darle atribuciones de investigación.
“Este pronunciamiento se hace porque hay una afectación a todo el orden jurídico constitucional, el planteamiento que se está haciendo muy claramente es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es quien otorga facultades al Ministerio Público de manera exclusiva, para la investigación y persecución de los delitos”.
Dijo que hay una “exceso” del tribunal colegiado porque, reiteró, no tiene facultades para ordenar la creación de una Comisión de la Verdad y la Justicia.
