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En el sexenio del expresidente Felipe Calderón se implementó el programa de testigos protegidos y la llamada Operación Limpieza, para desarticular a los servidores públicos que fungían como enlaces con los grupos criminales.
En ese tiempo, la entonces Procuraduría General de la República (PGR) llegó a tener más de 300 testigos colaboradores, entre ellos José Conejo Pérez, clave Lucero; Bryant Cabrera Castillo, Zajed; Roberto López Nájera, Jennifer; José Salvador Puga Quintanilla, Pitufo, o Pedro Sergio Jongitud Barragán, Emiliano.
Destaca el testigo Jennifer, que acusó al jefe de la Policía Federal, Javier Herrera Valles; al exsubsecretario de la Defensa Nacional, el general Tomás Ángeles Dauahare, y a un grupo de alcaldes de Michoacán durante el llamado “Michoacanazo”.
Sin embargo, muchos de los casos se le cayeron a la PGR, ya que varios de los testigos, incluido Jennifer, incurrieron en falsedad de declaración. En ese sexenio, la PGR gastó 101 millones de pesos en el programa de testigos.
En la administración de Enrique Peña Nieto se redujo a 84 la lista de testigos colaboradores.
Actualmente hay 11 declarantes que siguen acudiendo a diligencias, pese a que algunos ya fueron dados de baja del programa y no cuentan con protección.
