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El juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México concedió la suspensión definitiva para tres de los ocho procedimientos que inició la Secretaría de la Función Pública (SFP) en contra de la constructora Odebrecht.
La empresa solicitó un amparo en contra de la aplicación de la Ley del Procedimiento Administrativo que pudiera derivar en sanciones contra filiales del consorcio brasileño por parte de la Secretaría de la Función Pública (SFP).
La dependencia federal inició procedimientos administrativos contra las filiales de Odebrecht para indagar sobrepagos que supuestamente le realizó Petróleos Mexicanos (Pemex) relacionados con los contratos de las refinerías Tula 1, Tula 2 y Salamanca, Guanajuato.
Hasta que el amparo sea resuelto en el fondo para decidir si el desechamiento de los incidentes puede causar perjuicio a Odebrecht, el procedimiento administrativo de la SFP quedará congelado y no podrá emitir resolución alguna.
La Secretaría de la Función Pública ha detectado irregularidades por 2.5 millones de pesos en la ejecución de uno de los contratos de obra en la refinería Miguel Hidalgo, realizadas por una filial de Odebrecht y un servidor público adscrito a Pemex Transformación Industrial.
Las investigaciones de la dependencia iniciaron desde diciembre del año pasado e incluyen tanto a los representantes legales de las filiales de la constructora y a altos funcionarios públicos de Pemex.
En particular han sido investigadas la adjudicación, ejecución y cumplimiento de diversos contratos que suscribió la brasileña y sus filiales con Pemex.
El caso Odebrecht derivó de la investigación de autoridades brasileñas por actos de corrupción de la estatal Petrobras, que causó la dimisión de la ex presidenta brasileña Dilma Rousseff.
La constructora era una de las principales contratistas de Pemex, razón por la que al darse a conocer supuestos sobornos por 10.5 millones de dólares que pagó al ex director, Emilio Lozoya, la empresa productora del Estado inició una investigación interna.
Según el actual director de Pemex, José Antonio González Anaya, la empresa no tiene contratos vigentes con la constructora y dijo que para la investigación interna que realizan se contrató a un despacho externo para garantizar independencia, según sus declaraciones durante la comparecencia que realizó frente a diputados de la Comisión de Energía.
La Procuraduría General de la República (PGR) también inició una investigación porque supuestamente parte de los sobornos que Lozoya recibió de la constructora se habrían entregado durante el proceso electoral por la Presidencia de la República en 2012.
Al anunciar su renuncia, el ex procurador General de la República, Raúl Cervantes Andrade, indicó que la dependencia concluyó las indagatorias sobre los presuntos sobornos.
Cervantes indicó que es “uno de los mayores esquemas de corrupción internacional que en América Latina y México se haya visto”, y adelantó que en breve se realizarán las consignaciones de la indagatoria ante el Poder Judicial.
