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Durante la sesión del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), la comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos instruyó a la Fiscalía General de la República (FGR) a dar a conocer el nombre de los funcionarios y exfuncionarios públicos, el nombre de las personas que enfrentan acusaciones, así como la fecha y el lugar en el que se les haya citado a declarar sobre el caso Odebrecht.
La FGR informó que localizó una carpeta de investigación que se encuentra en trámite, por lo que clasificó la información de conformidad con los artículos 110, fracción XII; y 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública en relación con el artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Sin embargo, la FGR reconoció que aperturó la carpeta de investigación número FED/SEIDF/CGI-CDMX/0000117/2017, por los delitos de cohecho y enriquecimiento ilícito cometidos presuntamente por servidores y exservidores públicos de Petróleos Mexicanos (Pemex) y relacionados con el caso Odebrecht.
La comisionada Kurczyn, aseguró que “se analizó la excepción prevista en el artículo 112, fracción II de la Ley Federal de la Materia, la cual establece que no podrá invocarse el carácter de reservado cuando se trate de información relacionada con actos de corrupción de acuerdo con las leyes aplicables”.
Cabe recordar, que México ha participado, firmado y ratificado tres convencionales internacionales de combate contra la corrupción, a saber, la Convención Interamericana contra la Corrupción, (OEA 1997), la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos en Transacciones Comerciales Internacionales, (OCDE 1999) y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (ONU 2004).
“Sobre este caso, quiero destacar que este Instituto no pretende en ningún momento y bajo ninguna circunstancia, establecer, acreditar o decidir si se han cometido o no los delitos de hechos de corrupción que se investigan en la carpeta de investigación”, afirmó la comisionada.
Es importante resaltar que la empresa Odebrecht , se declaró culpable por el pago de 10 millones 500 mil dólares de sobornos a posibles funcionarios de Pemex en un periodo comprendido entre 2010 y 2014.
En la carpeta de investigación, que integró la extinta Procuraduría General de la República, constan declaraciones de 10 servidores públicos y nueve exfuncionarios de Pemex que intervinieron en adjudicación de tres contratos de obra pública asignados al conglomerado brasileño Odebrecht y que el 5 de abril de 2017 se iniciaron las entrevistas de los 19 servidores públicos de Pemex.
“Considero que en este caso, se actualiza la causal de excepción a la reserva de la información prevista en la fracción II del artículo 112 de la Ley Federal en la materia y por lo tanto, no resulta procedente la reserva de la información”, refirió Kurczyn Villalobos.
La comisionada agregó que “la prueba de interés público aplicada, a este caso cumple con los elementos de idoneidad, necesidad y proporcionalidad, se consideró que el interés público vence la confidencialidad de los nombres de los funcionarios y exfuncionarios públicos que han sido llamados a declarar sobre el caso Odebrecht, así como el nombre de las personas que enfrentan acusaciones al respecto y, por lo tanto, no resulta procedente su clasificación”, finalizó la comisionada ponente.
