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En abril pasado, tras una inspección en el penal estatal de Puente Grande, la Fiscalía de Jalisco localizó 25 libretas, dos agendas y 18 memorias telefónicas. Tras las investigaciones se logró determinar que en uno de los módulos de la prisión operaba una banda dedicada a la extorsión cuyas víctimas eran migrantes mexicanos asentados en Estados Unidos.
Según las autoridades, las extorsiones se hacían a través de llamadas telefónicas y se concentraron en los estados de California, Texas, Florida, Illinois, Oklahoma y Oregon; además se pudo establecer que por estos delitos los delincuentes lograron obtener al menos 7 mil dólares.
En algunas de las libretas se encontraron guiones de cómo presentarse ante quienes recibían las llamadas, cómo involucrarlos y cómo exigir dinero.
A pesar de que en el complejo penitenciario de Puente Grande existe tecnología para inhibir la señal de los teléfonos celulares, esta banda lograba hacer las llamadas desde dentro del penal para contactar con las víctimas y hacerse pasar por autoridades de migración, abogados, personal del aeropuerto, defensores de derechos humanos o, incluso, familiares lejanos.
Los guiones, traducidos al inglés en algunas ocasiones, estaban pensados para hacer creer a las víctimas que alguno de sus parientes había sido detenido, que había tenido algún problema legal en el país o que algún grupo delictivo los había secuestrado; en todas las ocasiones solicitaban dinero para resolver el problema.
Los investigadores de la fiscalía infieren que esta red se extiende fuera del penal estatal, pues durante la revisión también se localizaron páginas de directorios telefónicos de varias ciudades de Estados Unidos, de donde seleccionaban a sus víctimas. Además, los delincuentes exigían que el dinero solicitado fuera depositado en distintas cuentas o enviado de diferentes formas.
Tras el aseguramiento de este material, la fiscalía estatal inició una investigación para dar con los cómplices de esta banda en el exterior del penal y determinar cómo es que los siete teléfonos celulares utilizados por los internos podían hacer llamadas sin verse afectados por los inhibidores de señal.
Aunque la investigación inició en abril pasado y la fiscalía solicitó a un juez algunas órdenes para poder investigar a fondo los teléfonos y las memorias localizadas, hasta ahora no se han otorgado más detalles del alcance de esta organización ni se han realizado arrestos de personas vinculadas con ésta fuera del penal.
