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Los estados deben “reacomodar” sus recursos a fin de realizar un ejercicio más eficiente y dotar del presupuesto necesario a las procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, afirmó Luis Enrique Guerra García, procurador federal de estos organismos.
En entrevista con EL UNIVERSAL, reconoció que estas procuradurías requieren de mayores recursos para brindar una mejor atención a los menores que han sufrido algún tipo de violencia y deben incrementar su presupuesto 73%.
Planteó que las secretarías de Seguridad Pública destinen una partida presupuestal para la creación de un grupo especializado en la atención de problemas a la niñez en áreas como los ministerios públicos o las fiscalías.
El procurador Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes comentó que existe una disparidad en los recursos destinados a esas instancias en los estados. Mientras Hidalgo, Coahuila y Jalisco tienen un presupuesto que es de entre 18 millones y 20 millones de pesos para esas instituciones, en Tlaxcala, Nayarit y Colima el promedio de recursos otorgados es de 3 millones de pesos.
“No se requiere de más dinero, hay recursos en los ejercicios de los presupuestos locales donde lo único que debe hacer es reacomodarse y reconducirse para que caiga en un programa de desarrollo, en la protección de los menores de edad, lo cual otorgue la posibilidad de generar mecanismos que permitan tener la política de derechos de niños al centro de los programas estatales”, indicó.
Detalló que este año se asignó un presupuesto de 43 millones de pesos a la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, para programas de representación jurídica, restitución de garantías, regulación de centros de asistencia social. Ricardo Bucio Mújica, secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), destacó que ante el clima de violencia que prevalece en el país y que ha afectado a los menores de edad, se requiere fortalecer la estructura de estas instancias, puesto que el papel del Estado es proteger y restituir los derechos a este sector cuando alguno de sus derechos ha sido vulnerado.
Resaltó que existe la voluntad política de parte de los estados y municipios para dotar de mayores recursos a estos organismos. Dijo que se requiere de mayor “responsabilidad política”, es decir, que todos esos compromisos que los gobiernos locales asumen a favor de la niñez, se conviertan en acciones concretas, como la asignación de un mayor presupuesto y la capacitación de personal para la atención de los menores de edad.
Explicó que actualmente hay procuradurías en mil 100 municipios y destacó que algunos de los avances se han dado en los “modelos de atención. Hay algunos que funcionan bien, como en Coahuila, que tiene una policía especializada para niños y adolescentes”.
