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Con 474 votos a favor, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó, en lo general y por unanimidad, la minuta de reforma constitucional con la que se amplía el régimen de extinción de dominio para que el Estado pueda apropiarse de bienes inmuebles que estén relacionados con hechos de corrupción , encubrimiento y delitos en materia de hidrocarburos.
Para que esta reforma esté vigente, aún necesita el aval de la mitad más uno de las 32 legislaturas de los estados y de la promulgación del Presidente de la República, por lo que el documento ya fue enviado a los estados.
Esta, que es una de las reformas en materia de seguridad que son prioridad para el nuevo gobierno federal, se discuta el jueves en el pleno de la Cámara Baja.
El dictamen lo regresó el Senado de la República el pasado 7 de noviembre, y se puntualizó que la acción de extinción de dominio debe ser ejecutada por el Ministerio Público “a través de un procedimiento jurisdiccional de naturaleza civil”.
En los cambios se permite que, cuando se esté investigando un delito de corrupción o de robo de hidrocarburos, “las autoridades civiles ordenen que los bienes patrimoniales involucrados sean retenidos, a fin de que no pueda haber fugas y que, además, no se lleven lo que han robado”.
Este dictamen presentó una reserva de la presidenta de la Comisión de Justicia, Pilar Ortega ; sin embargo, fue desechada.
