Más Información
Diputados avalan súper secretaría de García Harfuch; SSPC investigará delitos y coordinará inteligencia a nivel nacional
"Soy del mero Sinaloa, donde se rompen las olas"; al ritmo de banda y aguachile, apoyan a músicos y meseros afectados por violencia
“Aún hay tiempo”: Inai lamenta extinción aprobada por Diputados; pide al Senado reconsiderar reforma
Trudeau se declara abierto a "otras opciones" con México en el T-MEC; solo si el país no aborda preocupaciones comerciales con China
Con prórroga o sin ella, elección judicial va, asegura Taddei; afirma que presupuesto de 13 mmdp no es ninguna “ocurrencia”
Ninguna de las 32 entidades otorga al 100% las seis prestaciones laborales básicas a sus policías preventivos estatales en activo, que consisten en acceso a créditos para vivienda, seguro de vida, servicio médico, fondo de ahorro para el retiro, apoyos económicos para la familia en caso de fallecimiento y becas escolares para sus hijos.
Además, sólo 19 pagan a sus elementos de escala básica un sueldo neto por arriba de 9 mil 933 pesos mensuales, el promedio nacional de referencia, reveló el Diagnóstico nacional sobre las policías preventivas de la entidades federativas, que se publicó en 2017.
Tamaulipas y Jalisco ofrecen cuatro prestaciones fundamentales cuando los oficiales mueren, siendo las corporaciones con las mejores prácticas en el respaldo a los familiares. Estas corporaciones otorgan: seguro de vida, ayuda de gastos funerarios, pensión vitalicia y becas para los hijos de los policías.
En al menos 15 entidades, los agentes cuentan con seguro de vida. Se trata de Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala, Tamaulipas y Yucatán.
Los elementos de Sinaloa cuentan con un seguro de vida por un millón de pesos; sin embargo, se reservaron a dar más detalles argumentando cuestiones de seguridad. En Nuevo León el seguro también asciende a un millón de pesos.
En al menos nueve hay becas para sus hijos: Aguascalientes, Chihuahua, Yucatán, Coahuila, Hidalgo, Michoacán, Puebla, Sonora y Tamaulipas.
Ante esta situación, la Secretaría de Gobernación (Segob) destacó la necesidad de que los gobiernos estatales hagan un “esfuerzo para otorgar a sus elementos policiales preventivos en activo las mejores prestaciones laborales mínimas para [dar] estabilidad, seguridad e igualdad de oportunidades en el empleo, fortaleciendo la vocación de servicio y el sentido de pertenencia a la corporación”.
Los mejor y los peor pagados. En México un policía estatal gana en promedio 12 mil pesos. Las entidades que mejor pagan a sus elementos son Nuevo León y Baja California con más de 16 mil pesos mensuales.
Existen corporaciones municipales que ofrecen salarios más elevados. Sobresalen Santa Catarina, Nuevo León, en donde las percepciones ascienden a 25 mil 952 pesos; es decir, el doble del promedio nacional. También en Zapopan, Jalisco, las percepciones son altas y ascienden a 18 mil pesos.
Sonora remunera con 13 mil 687 pesos a sus agentes, y otorga seguro de vida, servicio médico, crédito de vivienda, apoyo para policías caídos, fondo de ahorro y becas a casi 100% de sus integrantes policiacos, así lo notificó al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
El caso contrario es Chiapas, donde un agente recibe 8 mil 520 pesos.
A nivel municipal se registran localidades con sueldos menores, como Cuencamé, Mapimí, Mezquital, Canatlán, Poanas, Pueblo Nuevo, Canelas y Nombre de Dios, en Durango, donde ganan entre mil y 5 mil pesos.
En esa misma situación se encuentran varias policías municipales de Chiapas y Guanajuato, puesto que el promedio de percepciones es de 4 mil pesos.
En entrevista, el abogado y experto jurídico, José Mario de la Garza, señaló que el salario no representa el trabajo que los policías desempeñan, y el gobierno necesita reconstruir el sistema de seguridad: “Tenemos que dignificar la función de la Policía en los estados”.
Se quedan cortos. Entre 2009 y 2016 fueron capacitados más de 400 mil operadores del Sistema de Justicia Penal, de los cuales más de 240 mil son policías, según el informe sobre la Consolidación del Sistema Justicia Penal, elaborado por el Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Los uniformados recibieron cursos sobre primer respondiente, ciencia forense aplicada en el lugar de los hechos y cadena de custodia; la función policial y su eficiencia en los primeros actos de investigación y talleres de investigación criminal conjunta.
El diagnóstico señala que las academias deben contar con al menos: aulas suficientes para la matricula, aula de cómputo, sala de juicios orales, comedor, cocina, dormitorios suficientes para alumnos de pernocta, pista de prueba física, sala con equipo audiovisual, servicio médico, stand de tiro, área de entrenamiento y explanada o pista de práctica vehicular.
Reporta que existen 39 academias; sin embargo, sólo seis cubren estos 12 aspectos mínimos.
En al menos cuatro estados se consignó que la capacitación fue insuficiente. En el caso de Hidalgo, se privilegió a los jueces y se dejó de lado a las policías, que son la piedra angular de este sistema.
En Michoacán, también se explica que fueron pocos los elementos que recibieron la capacitación. Tampoco se encuentran en ese rango Guanajuato y Guerrero.
Puebla fue el único que refirió haber capacitado 100% a sus elementos.
Salen a las calles con chalecos caducos. Desde hace años que las carencias en la Policía de Arandas, Jalisco, eran visibles, según relató uno de sus elementos municipales, quien prefiere omitir su nombre por miedo a represalias. Armamento insuficiente e instalaciones en mal estado eran algunos de los principales obstáculos que tienen que sortear al realizar su trabajo, pero sin duda la falta de uniformes es algo de lo que más falta en la corporación.
“Los uniformes que nos daban eran usados, de otros policías que había dejado la corporación, nos quedaban grandes y teníamos que mandarlos a arreglar con nuestros recursos porque no había más. Los chalecos antibalas estaban caducados y estaban tan viejos y tan sucios que, con el calor, nos sacaban ronchas”, detalla.
Estar en la corporación le provocaba cansancio emocional y psicológico, pues debían reportar que se encontraban en operación cada dos minutos por medio de los radios, de lo contrario, eran amenazados con ser arrestados por varias horas.
Debido a que varios de sus compañeros tenían sólo la secundaria terminada, recuerda, desconocían muchos de sus derechos como trabajadores, por lo cual sus superiores solían hacer que, al terminar sus turnos de 24 por 24 horas, ampliaran su estadía en la comisaría 12 horas más, con amenazas de arresto al no cumplirlas. Tampoco tenían capacitaciones, los oficiales eran dotados de armas sin orientación técnica, táctica o de estrategia.
Y su sueldo era de 4 mil pesos quincenales. A pesar de que tenía un seguro de vida por 200 mil pesos y vacaciones, no contaba con seguro médico. Si algo les ocurría eran atendidos en una pequeña clínica adjunta a la corporación, que generalmente carecía de insumos.
En una ocasión él y sus compañeros tuvieron el reporte de un enfrentamiento en uno de los poblados del municipio. Sabía que tanto su chaleco como los cartuchos de su pistola estaban caducos.
“En ese momento pensé: ¿Cómo es posible que esté aquí ganando tan poquito para darle de comer a mi familia y que esté corriendo el riesgo? Me dio mucho miedo, pero afortunadamente no pasó nada. Ese día fue cuando tomé la decisión de salirme de la comisaría”, concluye.