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El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), Luis María Aguilar Morales, se comprometió a que los juzgadores encargados del caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa actuarán de manera “valiente e independiente frente a cualquier presión”.
El compromiso del ministro ocurrió ayer durante la reunión entre integrantes del CJF y padres y madres de los normalistas de Ayotzinapa, quienes formularon peticiones y expusieron informes sobre el estado de las causas penales y un amparo relacionado con los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.
“Ustedes tienen derecho a recibir justicia y nosotros estaremos pendientes de ello”, dijo el ministro. “Nosotros no podemos decirles a los juzgadores cómo resolver, porque eso también es vulnerar su independencia, pero el Consejo de la Judicatura Federal garantizará, en todo momento, que no estén sujetos a presiones”.
Hace dos semanas, los padres de los normalistas se manifestaron en la sede de la SCJN para exigir que los jueces federales emitan las órdenes de aprehensión necesarias contra militares y policías federales y municipales implicados en el caso. Una comisión fue recibida por el ministro y entonces se acordó el encuentro con integrantes del CJF.
Peticiones. Abogados y familiares de los normalistas le expusieron a Luis María Aguilar la posibilidad de que el CJF establezca contacto con el Mecanismo de Seguimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) del caso y que colabore en su investigación.
“Se puso en la mesa la posibilidad de que el CJF y el Poder Judicial puedan establecer un diálogo con la CIDH, con el mecanismo especial de seguimiento en caso Ayotzinapa, que puedan reunirse con ellos y brindarle información de lo que atañe al Poder Judicial Federal en el caso”, informó Vidulfo Rosales, abogado de los familiares de los estudiantes desaparecidos.
Tras salir de la reunión en la sede del CJF, Rosales afirmó que otro de los puntos expuestos ante Aguilar fue el de la línea de investigación en el basurero de Cocula, Guerrero, donde presuntamente fueron incinerados los jóvenes.
“Es una investigación irregular, tiene inconsistencias porque hay personas que señalan haber sido torturadas y haber sufrido malos tratos; además de que hubo una situación de manipulación de la escena del crimen y esa situación la deben valorar los jueces al momento de emitir resoluciones”, dijo.
Rosales indicó que el ministro les aseguró que el órgano que preside estará vigilante del caso y se acordó “que ellos van a revisar todos los planteamientos que pusimos sobre la mesa y nos estaremos viendo en un mes para ver cuáles son los avances respecto al caso”.
