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CIUDAD DE MÉXICO.- Un ejército de encuestadores tocó a la puerta de los mexicanos en 2017 para conocer por vez primera su experiencia y opinión sobre el Estado de Derecho en México. A los dos años se repitió el ejercicio, pero se encontraron con mucha más desconfianza y dificultad para que les abrieran las puertas.
La sorpresa para las encuestadoras fue el nivel de desconfianza y rechazo por parte de la gente.
“Está relacionada con la situación del país: el trabajo implica contacto con la gente y no se puede abstraer de eso. Estamos tomando la temperatura a un tema que es candente y la gente reaccionó acorde, es el reflejo de lo que está ocurriendo en el país ahora”, reconoce Juan Carlos López, coordinador de Data Opinión Pública y Mercado, la encuestadora que coordinó a las cuatro casas que participaron en el ejercicio de 2019: Buendía & Laredo, Parametría, SIMO y Pulso Mercadológico.
El trabajo de campo es cada vez es más complicado, refiere López. “Cinco años atrás, entre 3 y 5 por ciento de la muestra original tenía que ser relevada por incidentes de inseguridad. En proyectos que hemos hecho recientes la cifra se elevó hasta 22 y 25 por ciento” .
Circo, maroma y teatro
“Buenos díaaaaas, buenossssss díaaaaaassss”
, es el grito de los encuestadores por la mañana cuando visitan las zonas rurales con la esperanza de que alguien se asome en la casa y les permita cruzar las trancas de la puerta para comenzar su labor; pero si las viviendas están en zonas urbanas es más complicado porque nunca abren y, si lo hacen, corren el riesgo de tocar en el lugar no indicado.
Puede ser la casa de un narco, de un cacique, de un secuestrador o una “casa de seguridad”. El riesgo y la paradoja para quienes levantan la encuesta sobre el Estado de Derecho en el país es que pueden ser víctimas del fenómeno que intentan registrar.
“Antes podías caminar en cualquier colonia, veías a alguien drogándose, pero no te molestaba. Ahora te dicen: cáele para la chela y van atrás de ti”, cuenta Fabiola Pizaña, coordinadora de campo del equipo de SIMO que trabajó en Guanajuato para esta versión del Índice Estado de Derecho, que se levantó en todo el país durante mayo, junio, y julio.
Extorsiones en zonas peligrosas, vivencias de Fabiola Pizaña. Foto: Juan Castro Gessner.
Fabiola y su equipo fueron obligados en una colonia popular de León a pagar 600 pesos como “derecho de piso” para que los dejaran salir.
“Ahora nos ven como posibles extorsionadores”, dice José Juan Vázquez , un encuestador que tras nueve años de andar por casi todos los estados del país percibe cómo ha aumentado el temor y la angustia de los pobladores, lo que hace más difícil lograr una encuesta y el objetivo que persigue: conocer cómo piensa y percibe la gente el Estado de Derecho en su entorno.
A partir de la inseguridad que se vive el país, la gente ya no confía en ellos. Muchos creen que la información que aportarán irá a parar con las autoridades o con los delincuentes.
Por eso romper el miedo y la desconfianza fue el principal obstáculo que tuvieron que vencer los más de 200 encuestadores que participaron en el reto de abordar a los mexicanos en 2 mil 560 puntos de muestreo , un número mayor a los municipios que hay en el país.
A través de ellos, el World Justice Project (WJP) levantó por segunda ocasión 25 mil 600 encuestas-cuestionarios que registraron metodológicamente lo que piensa los ciudadanos sobre los límites al gobierno, la corrupción, el gobierno abierto, los derechos fundamentales, la seguridad, el cumplimiento regulatorio y la justicia penal y civil.
Un esfuerzo que requirió más que recursos humanos y materiales, porque sin la vocación casi misionera de los encuestadores, su fortaleza física para recorrer kilómetros al día y su resiliencia para reponerse de las agresiones y las situaciones de violencia que padecen, este ejercicio no hubiera sido posible.
Aracely Crisóstomo es encuestadora de SIMO
, llegó a una comunidad del Amatlán de los Ríos, en Veracruz , cuando la gente se reunía en la plaza porque un día antes habían secuestrado a un niño de secundaria. “La gente algo alterada se me acercó para preguntarme quién era, de dónde venía, me jalaban el gafete. Al final me pidieron que me retirara antes de salir perjudicada”. Algo similar vivió David Flores , de Pulso Mercadológico, en una comunidad de Motozintla, Chiapas, donde fue rodeado por los pobladores que le empezaron a cuestionar quién era y para quién trabajaba. “Y entre una y otra pregunta no podía responderlas todas al mismo tiempo. En esa ocasión sí me espanté y dije hasta aquí llegué, ya fue”.
Desconfianza de los ciudadanos, reto constante. Foto: Abraham Magaña.
En Los Mochis, Sinaloa , dos de los encuestadores de Pulso Mercadológico fueron detenidos, esposados y golpeados por los policías municipales por supuestamente resistirse a una revisión de rutina. Tuvieron que pagar 500 pesos de multa para recobrar su libertad. Su coordinador, César Gómez, cree que el abuso de autoridad se debió a que venían de fuera. “Chilango vas para adentro” , le dijo el policía en tono burlón a uno de sus compañeros.
A los encuestadores les tocó también recibir el enojo de la gente por los programas sociales que fueron suspendidos. Onasis Valdés fue receptor de los reclamos en Veracruz porque les quitaron el Programa de Prospera. “Están molestos con todo lo que sea gobierno, lo que más les interesa son los apoyos sociales y nos reclaman a nosotros por eso”.
“El acercamiento a la sociedad día a día es cada vez más complicado por temas relacionados con la desconfianza, el crimen y por esta crisis que tiene fundamento justo en el Estado de Derecho, y eso hace doblemente pertinente esta investigación, afirma López.
“El gran aporte de este estudio de opinión es que ofrece información de primera mano, bien construida, con metodología seria, procesada con calidad; es de gran valía para los tomadores de decisiones y todo aquel interesado en saber qué pasa y qué podría hacerse para mejorar”.
Crecen eventos de inseguridad
Cada encuestadora trabajó con cerca de 50 mujeres y hombres en campo, por lo que al menos 200 personas colaboraron en este esfuerzo , Más la gente que coordinó a los equipos desde las oficinas y la que trabajó en Ciudad de México para la elaboración del Índice.
Hubo que adaptar tiempos para evitar estar en campo durante las elecciones de Aguascalientes, Baja California, Durango, Puebla, Quintana Roo y Tamaulipas, así como tomar en cuenta el nivel de alerta (peligroso y muy peligroso) en las Áreas Geoestadísticas Básicas (AGBs) donde iban a intervenir; porque la inseguridad no es un tema nuevo con el que lidian las casas encuestadoras.
Sin embargo, en el ejercicio de 2019 se dispararon los incidentes. De entre 30 y 40 que se registraron en 2017 se pasó a 340 eventos de inseguridad, que van desde vecinos que no permitieron realizar las encuestas y los corrieron, hasta eventos con bandas, carteles y hombres armados que los amenazaron. El más grave fue en Sonora con un episodio de secuestro y extorsión de uno de los encuestadores que terminó en el Ministerio Público.
Esfuerzo arduo para que los ciudadanos acceden a ser entrevistados. Foto: Cuauhtémoc Moreno.
Tradicionalmente Tamaulipas, Michoacán, Sinaloa y Sonora han sido estados inseguros para el trabajo de campo de las encuestadoras, pero este año las tasas más altas de rechazo se presentaron en Ciudad de México y en zonas urbanas. “No necesariamente en todo el país enfrentas problemas de inseguridad severos, pero lo que sí hay en todo el país es mucha desconfianza”, refiere López.
Con todo y esto, el esfuerzo es extraordinario y el hecho de que se haya mantenido el ejercicio del Índice de Estado de Derecho 2019 es una buena noticia, porque “en más de 20 años que tengo de experiencia en este oficio no recuerdo un ejercicio similar y es un aporte valiosísimo para la evaluación de estos temas”.
El estándar internacional
Además de ser un país muy grande, México tiene enorme diversidad étnica y comunidades en las que no se habla español, lo que supone otro reto para el Índice ya que se debe trabajar con estándares internacionales que permitan hacer comparables los resultados con otros países.
“Metodológicamente es muy complejo porque tiene que ser muy estricto el cuestionario, pues un estudio global, que se replica, así que debe funcionar exactamente igual porque si no las mediciones generan cosas distintas”, explica Leticia Mercado.
El cuestionario sobre el Estado de Derecho requiere que los encuestadores no modifiquen las preguntas ni busquen interpretarlas, cuando la gente no habla español o no entiende los conceptos se buscan intérpretes y se tiene que ser paciente para repetir la pregunta las veces que sea necesario.
Inseguridad, constante presencia. Foto: Óscar Martínez.
Otros factores estrictos son el salto sistemático, que implica dejar determinado número de casas libres después del hogar donde se efectuó la encuesta. Se deben garantizar también una cuota por edad y otra por género para evitar que sólo se escuche a un segmento de la población.
La encuesta dura 30 minutos en promedio , pero puede alargarse dependiendo de las vivencias de la gente. Son en total 607 variables principalmente sobre su experiencia con las autoridades. Sin embargo, el tiempo no es un motivo para el rechazo tanto como la temática, porque el tema seguridad y policías a mucha gente le parece intimidante.
“Todos los temas de inseguridad en México son complicados de indagar y hay que echarle mucha imaginación y mucho ingenio a cómo se redactan los ítems”, explica López.
La inseguridad rompió todo, dice Libeth Díaz, coordinadora de campo de SIMO.
“Ahora los encuestadores tienen que ser las mejores versiones de ellos mismos. Tienen que ser alegres, deben sonreír o ser ellos mismo cuando sea necesario. Que una persona vea la mejor versión de él. Deben hacer circo maroma y teatro”.
En infinidad de comunidades a las que se llega tras horas de terracería hay que pedir permiso al comisario o al agente municipal para no ser vistos como extraños y así lograr las facilidades en el pueblo. “En Chiapas el nivel académico es muy bajo y la gente desconoce muchas cosas. El Estado de Derecho es algo muy ajeno, como si fuera de otro país, muchas de las preguntas no las entienden”, explica David Flores, parte del equipo que intervino en Chiapas.
Graciela Málaga pertenece al equipo de Buendía & Laredo. Este año le tocó trabajar en las comunidades de Guerrero y lo que más le sorprendió, dice, fue la pobreza y la discriminación. “Muchas veces no entienden lo que quiere decir Estado de Derecho , todavía dicen que no tienen los mismos derechos el hombre y la mujer”.
En Yucatán, como en muchas partes del país, la discriminación de género está presente. Foto: Cuauhtémoc Moreno.
Évelin Gómez, Jackeline Silva y Beatriz Domínguez
son encuestadoras de Parametría y trabajaron en Yucatán ; por separado coinciden en que lo más sorprendente fue ver mucho maltrato y violencia contra las mujeres en sus hogares: “Es tan consecuente, lo ven como algo normal y prefieren callarlo, sienten que es más rápido y se evitan problemas. Las mujeres recurren a las autoridades y éstas simplemente no hacen nada”.
Édgar Fabián, coordinador de campo en Parametría,
explica que en infinidad de ocasiones el conocimiento que tienen las personas sobre el Estado de Derecho es nulo, pero después de terminar la encuesta se quedan con un concepto y saben que es algo bueno para ellos. “La encuesta no sólo sirve para que un encuestado nos dé su opinión, hay veces que hace conocedor al encuestado”.
Pese a la inseguridad, las encuestadoras siguen adelante. Foto: Óscar Martínez.
Pero si los niveles de inseguridad continúan así en el país, “dentro de unos años ya no se va a poder trabajar en las calles”, vaticina Salvador Rangel, coordinador de campo de Buendía y Laredo.
Acerca de la autora: Concepción Peralta Silverio. Periodista independiente, especializada en temas de justicia social, egresada de la UNAM y maestrante de Periodismo y Políticas Públicas en el CIDE. Pertenece al colectivo Ojos de Perro vs la Impunidad. Fue editora de Estados en El Universal y coordinadora web en NoticierosTelevisa.com. Autora de Espiral del pobreza del libro Los 12 mexicanos más pobres. Twitter: @CPeraltaS