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La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) detectó en el Estado de México, Baja California Sur, Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nuevo León y Sonora, el manejo irregular de 40 toneladas de residuos peligrosos.
Como resultado del Sexto Operativo Nacional 2017, la Profepa inició ocho procedimientos administrativos por incumplimientos a lo dispuesto en la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, para que en el ámbito de su competencia se impongan las medidas técnicas correctivas y, en su caso, las sanciones pecuniarias que correspondan.
Los residuos peligrosos detectados fueron: 21 toneladas métricas de baterías usadas plomo-ácido; 11.5 toneladas métricas de residuos tales como lámparas fluorescentes, residuos de fosfato fuera de especificaciones y cartuchos de toner usados; 3.5 toneladas métricas de residuos peligrosos biológico-infecciosos; y 3.6 toneladas de lodo con hidrocarburo, polvo de granalla, sólidos impregnados con papel, cartón filtros y trapos con aceite usado.
Esta acción se realizó con el apoyo en 62 puntos carreteros, en los que se verificaron 3 mil 426 unidades de transporte. Además, se efectuó en 12 aduanas fronterizas, ocho marítimas y cinco interiores o aeroportuarias.
La procuraduría federal revisó aproximadamente 7 mil 901 toneladas de materiales y sustancias peligrosas, 2 mil 172 toneladas de residuos peligrosos, y 13 mil 863 toneladas de otro tipo de mercancías.
El propósito de las acciones de inspección y vigilancia sorpresivas, es minimizar el riesgo de daño a los ecosistemas y a la salud pública.
También se vigilan las condiciones de envasado y embalaje que eviten la liberación de estos residuos al ambiente y que su destino final sean instalaciones industriales que cuenten con las autorizaciones respectivas y tengan los equipos de control que eviten la contaminación de la atmósfera, del agua y del suelo natural.
Otro de los objetivos del citado operativo es sorprender in fraganti a aquellos que llevan a cabo un comercio o manejo ilegal que pudiera tipificarse como delito contra el ambiente y la gestión ambiental.
En este operativo se contó con el apoyo de 128 elementos de la Policía Federal, 33 de la Policía Estatal; 10 de la Policía Municipal; 73 procedentes de la Administración General de Aduanas; 80 efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena); 10 de la Secretaria de Marina (Semar); 14 que pertenecen a la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación (Sagarpa) y un total de 348 inspectores ambientales federales de la Profepa.
El trabajo coordinado entre todas las dependencias involucradas permite a la procuraduría federal revisar simultáneamente al menos 188 vehículos de carga por hora en los puntos carreteros ubicados en 28 entidades participantes, y 55 contenedores de carga por hora en las aduanas marítimas, fronterizas e interiores.
Con este tipo de acciones, la procuraduría contribuye a inhibir el tráfico ilegal de los materiales, sustancias y residuos peligrosos, así como el resguardo de 8 mil kilómetros aproximados de carretera segura, previniendo comportamientos ilícitos y fomentando una cultura de cumplimiento ambiental en el transporte de este tipo de residuos, protegiendo el medio ambiente del país.