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El ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, preso en el Reclusorio Varonil Oriente de la capital, presentó ante la Procuraduría General de la República (PGR), una denuncia de hechos contra su sucesor en el cargo, el panista Miguel Ángel Yunes Linares, por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
A través de sus abogados, el ex priísta recurre a la Unidad Especializada en Análisis Financiero y a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de la Justicia de la Procuraduría General de la República, para que indaguen la procedencia del patrimonio de Yunes Linares, con quien está enfrentado desde hace años.
Es la segunda ocasión que Duarte de Ochoa demanda en la PGR a Yunes Linares por los mismos delitos; la primera fue en agosto de 2016, dos meses antes de dejar la gubernatura, ante la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO).
En la denuncia presentada el 16 de febrero, Javier Duarte de Ochoa recuerda que al mandatario panista se le ha señalado de no acreditar la procedencia y el incremento de sus bienes, obtenidos en los últimos años de su carrera política.
Hace referencia a que el ex dirigente nacional del PAN, Manuel Espino Barrientos, lo demandó ante la misma instancia en el año 2013 por enriquecimiento ilícito de más de 3 mil millones de pesos, que presuntamente corresponden al valor de 36 propiedades que Yunes Linares habría acumulado a su paso por diferentes cargos públicos, entre ellos la dirección general del ISSSTE en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa.
En esa ocasión, Espino Barrientos presentó como prueba las declaraciones patrimoniales públicas del panista, las cuales, según él, no coinciden con los recursos obtenidos como servidor público. Duarte de Ochoa puntualiza que Espino Barrientos ratificó la denuncia en mayo de 2016 y presentó un documento de que el panista posee cuentas bancarias en Estados Unidos, Yakarta e Indonesia, además exigió al Ministerio Público de la Federación darle seguimiento, a tres años de haber acudido a las instalaciones de la dependencia.
Incluso, el ex priísta refiere que el 8 de enero pasado, Yunes Linares tuvo que quitarse de la muñeca un reloj de lujo, cuyo costo se estima en millones de pesos, durante una conferencia de prensa que ofreció en la capital veracruzana.
El ex mandatario preso señala que hace unas semanas se reveló que el actual mandatario de Veracruz no declaró como suyas tres propiedades que reportó dentro de su declaración patrimonial, fiscal y de interés, conocida como 3de3, que hizo cuando era diputado federal en 2016.
Entre ellas destaca la casa que habita en el Club de Golf La Villa Rica, según un informe de la Organización Nacional Anticorrupción, la cual Yunes Linares reconoce que disfruta del inmueble localizado en el municipio de Alvarado, Veracruz, pero asegura que no es de su propiedad.
Esa propiedad, según Duarte, quien cita información publicada por una revista, “pertenece a la empresa Veracruzana de Bienes Inmuebles, de la cual el gobernador panista posee 50% de la acciones, la otra mitad pertenecen a su esposa, Leticia Márquez”.
Duarte de Ochoa asegura también que Yunes Linares cuenta con diversas denuncias en la Fiscalía General del Estado, pero hace hincapié en un supuesto conflicto de interés del fiscal Jorge Winckler, quien antes de asumir el cargo se desempeñaba como abogado personal de la familia Yunes Márquez.
“Jorge Winckler es defensor de los Yunes por enriquecimiento ilícito, con lo que pudo haber incurrido en una violación a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado o al menos en un conflicto de interés, pues como titular de la dependencia y al mismo tiempo, abogado de los Yunes, debía investigar y defender a sus clientes, lo cual pone en entredicho la imparcialidad con la que la Fiscalía del Estado de Veracruz se conduce en sus investigaciones”, refiere la denuncia.
En el documento agrega: “Vengo a poner de su conocimiento hechos que salvo error de apreciación pueden constituir la comisión de hechos posiblemente constitutivos de delito, formulando denuncia en contra de quien o quienes resulten responsables...”, afirma el ex gobernador detenido el 15 de abril en Guatemala.
Pide a la PGR iniciar una carpeta de investigación, realizar las diligencias correspondientes para su debida integración y “en el momento procesal oportuno ejercer acción penal” contra su sucesor y quienes resulten responsables de los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
“Señalar fecha y hora para la ratificación de la presente denuncia, lo cual solicito se haga en las instalaciones del Reclusorio Preventivo Varonil Norte de la Ciudad de México, en compañía de mi asesor jurídico...”, señala.
