De noviembre de 2014 a 2018 se abrieron 34 mil 17 carpetas de investigación por delitos relacionados con el robo de hidrocarburos, pero la falta de una estrategia sistémica ha hecho que nueve de cada 10 de estas acusaciones recaigan únicamente en el eslabón externo que sostiene este “negocio”: en las personas que almacenan, sustraen y transportan combustible, mejor conocidos como huachicoleros.
“No hay una política criminal. La lógica en estos años ha sido detener en flagrancia a personas cuando están ordeñando el ducto, transportando y almacenando combustible, y no realizar una investigación previa”, asegura María Novoa, coordinadora del Programa de Justicia de México Evalúa.
Aunque el robo de hidrocarburos funciona como una “cadena delictiva muy extensa” que abarca desde la extracción, la vigilancia y los distribuidores hasta la corrupción interna de Petróleos Mexicanos (Pemex), puesto que ellos proporcionan información de los ductos y las rutas de las pipas, pero esta parte es la menos juzgada, señala Rubén Salazar, director de Etellekt, consultora en análisis de riesgos y políticas públicas.
Esto se comprueba al ver que de las más de 34 mil carpetas abiertas en ese periodo, menos de 1%, es decir, 157 están vinculadas con delitos que se cometen en la estructura interna de Pemex. La Ciudad de México ocupa el primer lugar en averiguaciones por falsificación de documentos (con 21 carpetas), mientras las 95 que hay por sustracción de equipo recaen sólo en Tabasco, según datos de la ahora Fiscalía General de la República (FGR).
La falta de investigaciones también se refleja en las cifras del combate contra el crimen organizado. A pesar de que desde 2016 se identificó que 95% de las tomas clandestinas eran controlados por dos cárteles: Jalisco Nueva Generación y Los Zetas, de acuerdo con el documento Situación actual y perspectivas del robo de hidrocarburos en México 2016, en 2017 sólo se tiene el registro de cinco carpetas de investigación en todo el país por este delito en la modalidad de delincuencia organizada.
Pocas detenciones y de bajo perfil
Los datos de la fiscalía evidencian que el ejercicio de justicia es desigual en México y que históricamente sólo se ha atacado a la estructura externa que sostiene este delito. En los últimos cinco años se detuvieron a 14 mil 172 personas por ilícitos relacionados con el robo de hidrocarburos. El 25%, es decir, 3 mil 545 siguen detenidas, de acuerdo con la última actualización de las estadísticas, pero estos sólo son los “pequeños huachicoleros”, la organización interna sigue casi intacta.
En el mismo periodo únicamente se tiene el registro de 229 arrestos por delincuencia organizada, de los cuales 117 fueron dejados en libertad.
Estas fallas se hacen más evidentes al notar que las “grandes” detenciones son resultado, en su mayoría, de operativos o cateos, y muchos son sorprendidos en flagrancia mientras operan alguna toma clandestina o transportan combustible robado, indican los comunicados de las mismas autoridades.
Pareciera que la lógica gubernamental de perseguir el delito de robo de hidrocarburos es detener a una persona por cada toma clandestina que encuentran, asegura Novoa. Hay que estar conscientes de que estamos ante “un fenómeno muy complejo que viene desde adentro de las instalaciones de Pemex. Es una red de corrupción que tiene muchas formas de manifestaciones, vínculos con empresarios, el Ejército, la delincuencia y funcionarios de alto rango”, dice.
La solución no es la prisión preventiva
“Este delito es considerado un peligro a la seguridad nacional, puesto que afecta a la distribución de un recurso energético y, por lo tanto, a la economía nacional, genera pérdidas a Pemex y potencializa al crimen organizado, pero la estrategia de los últimos cinco años se ha centrado en la detención de los eslabones más pequeños de la cadena. Para combatir el problema de raíz, las autoridades tienen que seguir la ruta del dinero”, afirma Gabriel Regino, abogado penalista.
El enfoque de seguir una estrategia basada en las detenciones es obsoleta para los especialistas. “Quien debe rendir cuentas son las administraciones anteriores de la Secretaría de Hacienda, el SAT, la Secretaría de Energía y la Profeco, porque existen controles para identificar dónde se estaba vendiendo ilegalmente el producto y, por supuesto, quiénes estaban teniendo beneficios. Es cuestión de hacer un cruce de información financiera y fiscal”, explica Rubén Salazar.
Dos de los tres delitos que tuvieron un mayor incremento entre 2017 y 2018 fueron el almacenamiento y transporte de hidrocarburos, que pasó de 5 mil 913 carpetas de investigación a 8 mil 459 y la alteración de ductos, con un aumento, de 516 a 989 averiguaciones; estas modalidades involucran principalmente a las comunidades que se localizan en los alrededores de los ductos de Pemex. Si la prisión preventiva se convierte en un elemento nuevo para este tipo de acusaciones, “lo que va a pasar es que vamos a regresar al sistema anterior, por el que tendrás a muchas personas inocentes sin sentencia”, asegura Regino.
Además de que este recurso va en contra de una verdadera investigación delictiva y le quita al Ministerio Público las herramientas para realizar una verdadera investigación y capturar a los cabecillas y verdaderos líderes criminales, señala Carlos Galindo, investigador de Derechos Humanos, Justicia y Seguridad en el Instituto Belisario Domínguez.
La continuación de la estrategia de los últimos cinco años lo único que ocasionará es que “se seguirá castigando a la pobreza y a los pobladores cercanos a los ductos, pero no se estará combatiendo el problema de raíz”, refiere Novoa.
