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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó por notoriamente improcedente un recurso de revisión promovido por el gobierno de Chihuahua, encabezado por Javier Corral, con el que pretendía que los asuntos contra tres ex colaboradores de César Duarte, acusados del desvío de 250 millones de pesos, sean conocidos por un juez local.
Se trata de Alejandro Gutiérrez Gutiérrez; el ex director de Adquisiciones y Servicios de la Secretaría de Hacienda de Chihuahua, Antonio Enrique Tarín García, y el ex director de Administración de dicha dependencia, Gerardo Villegas Madriles, quienes están señalados por el supuesto desvío de recursos para favorecer campañas electorales priístas durante la administración del ex gobernador, César Duarte.
Mediante el acuerdo, firmado por el ministro presidente, Luis María Aguilar, la SCJN requirió a la Consejería Jurídica de Chihuahua y a los juzgados y tribunales involucrados en el caso para que en el término de tres días informen si ya cumplieron o no y por qué con el traslado de Alejandro Gutiérrez, Enrique Tarín y Gerardo Villegas al Reclusorio Norte de la Ciudad de México, para ser puestos a disposición de un juez federal.
El consejero jurídico del estado de Chihuahua, Jorge Espinoza Cortés, dijo más tarde en conferencia de prensa que “es falso” que la SCJN haya dado un plazo de tres días a las autoridades estatales para trasladar a un penal federal a Alejandro Gutiérrez, Antonio Tarín y Gerardo Villegas.
Subrayó que no hay ultimátum, ni hay entrega de Gutiérrez ni de los otros imputados por delitos de peculado, por lo que únicamente se trata de desinformación.
“Lo único que hizo la Suprema Corte de Justicia fue emitir un acuerdo, no alguna sentencia o resolución para desechar el recurso de revisión que interpuso la Consejería Jurídica del poder ejecutivo del estado de Chihuahua cuando solicitó, como parte afectada o como víctima, una reconsideración ante la resolución del Tribunal Colegiado que pidió entregar el caso a un juez federal”, expuso el funcionario.
Aclaró que en el acuerdo se menciona un plazo de tres días, pero sólo para responder a la SCJN sobre el cumplimiento dado a lo resuelto por el tribunal, algo que no le compete a la consejería, sino a los jueces.
Sobre el caso, se ha informado que la decisión en la SCJN deriva de un recurso presentado por la Consejería Jurídica del gobierno de Chihuahua en contra de la decisión de un Tribunal Colegiado que resolvió en abril pasado un conflicto competencial entre un juez del estado y uno federal.
El colegiado ordenó que los tres priístas debían ser puestos a disposición del juez Moreno García en el Reclusorio Norte.
La SCJN indicó al gobierno de Chihuahua que contra la determinación de los tribunales colegiados en conflictos competenciales no existe recurso alguno, son inatacables.
“Las sentencias pronunciadas por los tribunales colegiados de circuito en ejercicio de la competencia delegada por este alto tribunal no admiten recurso alguno y deben ejecutarse a la brevedad”, afirmó la Corte.
El gobierno de Chihuahua solicitó a la SCJN ser reconocido como víctima de los delitos supuestamente cometidos por los ex funcionarios.
