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La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación dirigida a Renato Sales Heredia, titular de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), al acreditar que dos personas fueron víctimas del uso excesivo de la fuerza y vulneración de su derecho al acceso a la justicia en su modalidad de procuración de justicia, atribuidos a elementos de la Policía Federal (PF) en la Ciudad de Lerdo, Durango.
El organismo detalló —en la recomendación 58/2017— que los hechos ocurrieron el 3 de febrero de 2013, aproximadamente a las 17:30 horas, cuando ocho policías federales tripulaban sus unidades sobre la calle Francisco Villa de la colonia Credicasas y, según sus declaraciones, observaron un vehículo circulando a exceso de velocidad, conducido por una de las víctimas, entre quienes había una persona de 15 años. Les ordenaron detenerse, pero el conductor no lo hizo y la persona que iba en la parte trasera disparó con arma de fuego a los policías, quienes repelieron la agresión, lo que provocó que el conductor perdiera el control y volcara.
La CNDH informó que contrario a ello, con las evidencias que obtuvo acreditó que los elementos policiales no agotaron los medios lesivos para detenerlos y efectuaron disparos contra la unidad, “con trayectoria de afuera hacia el interior del vehículo y de atrás hacia adelante, de ahí que las dos víctimas resultaran lesionadas por disparo de arma de fuego, una de ellas con heridas que no ponen en peligro la vida y tardan en sanar más de 15 días; la otra, con lesiones que ponen en peligro la vida y pérdida de movilidad de ambas piernas”.
Las investigaciones del organismo encontraron que el conductor huyó, quedando las dos víctimas lesionadas por disparos de arma de fuego, lo que originó que los policías solicitaran una ambulancia para llevarlos al hospital, y derivado de tales hechos cuatro policías federales pusieron a los agraviados a disposición del Agente del Ministerio Público Federal (AMPF) 17 horas con 30 minutos posterior al momento de su detención.
“Ese lapso permitió a los elementos policiales remitir el vehículo que tripulaban las víctimas a un corralón, no presentar las unidades que conducían el día de los hechos, las armas que portaban, y que el AMPF recabara las declaraciones ministeriales de otros cuatro policías para obtener algún indicio que permitiera el esclarecimiento de los hechos, lo que implicó que los datos de prueba que debieron formar parte de la investigación no se hayan tomado en cuenta, o bien, al no ser advertidos, se afectó el esclarecimiento de los hechos, lo que se traduce en una limitación al derecho a conocer la verdad de las víctimas”.
Debido a estas acciones, la CNDH pidió a la CNS reparar de forma integral el daño a las víctimas, en términos de la Ley General de Víctimas, que incluya compensación y atención sicológica —esta última también a la madre del adolescente—, así como atención médica al lesionado, e impartir capacitación y formación al personal policial en materia de derechos humanos y deberá colaborar con la CNDH en la queja que formulará ante la Unidad de Asuntos Internos de la PF en contra de dos elementos de esa corporación por el uso excesivo de la fuerza contra las víctimas, asimismo en contra de dos policías más con motivo de la dilación en la puesta a disposición e irregularidades en la cadena de custodia.