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Hace siete años, Diego Armando Tirado Márquez disfrutaba las tardes con su familia, pero cuando la Policía Federal lo detuvo y lo acusó de ser un secuestrador todo cambió. Nunca más volvió a casa y una prisión, en la que compartiría el mismo techo con violadores, capos del narcotráfico y políticos corruptos, se convirtió en su nuevo hogar.
Hace unas semanas esa acusación terminó en una sentencia de 25 años de prisión para el joven. Ese dictamen llegó a pesar de que el Ministerio Público sólo encontró un indicio para culpar a Diego Armando y además fue obtenido de manera ilícita. La averiguación previa contra él duró siete años y estuvo plagada de presuntas irregularidades.
Todo empezó, según el reporte policial de su detención al cual EL UNIVERSAL tuvo acceso, cuando el 9 de junio de 2011 una llamada anónima alertó a las autoridades sobre la reunión de un grupo de nueve secuestradores para planear su siguiente “golpe”.
Después de cuatro horas de investigación, elementos de la Policía Federal dieron con los delincuentes y los capturaron en flagrancia. Cuando por fin los agarraron, todos, a excepción de Diego Armando, declararon ser culpables de haber privado de la libertad a cinco personas; lo dijeron bajo su propia voluntad y sin ejercer ninguna presión, informa el documento.
También fue durante su trayecto a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) cuando cada presunto delincuente relató a los policías federales cuál era su papel dentro de la organización. En las entrevistas, las cuales se hicieron sin la presencia de un abogado y que sirvieron como primer indicio para investigar al grupo, todos se reconocieron como parte de la banda de secuestradores, a excepción de Diego Armando, una vez más, todos dijeron no conocerlo.
A pesar de no contar con una prueba contundente en su contra, el Ministerio Público Federal decidió arraigar en doble término al joven: lo mantuvieron cautivo por 80 días con el objetivo de encontrar pruebas que lo implicaran en los hechos. Y aunque parecía que nada iba a suceder, un empresario y víctima de secuestro aseguró que la voz de Diego Armando se parecía a la de uno de sus captores; no lo reconocía físicamente, pero sí identificó su habla sin recordar características como tiples o el timbre.
Esa declaración cayó como losa en el joven que fue detenido a sus 23 años, puesto que fue el único indicio en su contra. Sin embargo, se obtuvo sin la presencia de un abogado que defendiera los derechos de Diego Armando al momento de que la víctima hizo el reconocimiento.
Raúl Monzón, abogado y académico de la UNAM, asegura que ese proceso “no se hizo con parámetros mínimos legales. Es una prueba ilícita, porque contraviene los derechos humanos de la persona. Él debía ser comparado en la cámara de Gesell con otros individuos vestidos con ropas semejantes o con mismas señas”.
La familia de Diego Armando asegura que el joven desapareció desde el 7 de junio de 2011. David Tirado, papá de Diego Armando, asegura que no tuvo información de su hijo hasta una semana después de acudir al Centro de Apoyo de Personas Extraviadas y Ausentes y le avisaron que su hijo estaba encarcelado en una prisión federal de Veracruz.
La misma versión oficial también fue desmentida por una inspección judicial: después de haber visitado el lugar donde supuestamente sucedió la captura de los delincuentes, se concluyó que se trata de un espacio sin las condiciones para montar un operativo parecido al que describieron los agentes; no había lugar para estacionar sus patrullas y tampoco los trabajadores del lugar recordaban el evento.
