La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió la controversia constitucional que presentó la presidenta de la Cámara de Diputados, Laura Rojas (PAN) contra el decreto presidencial que permite que las Fuerzas Armadas se mantengan en tareas de seguridad pública , al menos, hasta el 2024.
De acuerdo con una publicación de la coordinadora del PRD en la Cámara de Diputados, Verónica Juárez, informó de la admisión a trámite de este recurso legal en la Lista Extraordinaria de Notificaciones, Sección de Trámite de Controversias Constitucionales y de Acciones de Inconstitucionales del máximo tribunal del país.
La presidenta de la Cámara de Diputados , Laura Rojas (PAN), presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una controversia constitucional con la que busca echar abajo el Acuerdo del Ejecutivo Federal que permite que las Fuerzas Armadas continuar en tareas de seguridad pública hasta el 27 de mayo del 2024.
Sin embargo, este recurso generó un enfrentamiento entre las distintas fracciones de la Cámara de Diputados, pues mientras toda la oposición respaldó a Laura Rojas (PAN, PRI, PRD y MC); Morena le exigió retirarla y la calificó como “espuria”.
Laura Rojas dijo que en mayo de 2019, el Congreso de la Unión y las legislaturas de los estados aprobaron -por unanimidad- reformar la Constitución y establecer un nuevo régimen jurídico para crear la Guardia Nacional, como una institución de carácter civil, disciplinado y profesional y su misión es salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público.
Además, dijo, la reforma establece un mandato para fortalecer las policías locales y faculta al Presidente de la República para disponer, excepcional y temporalmente, de la fuerza armada permanente en tareas de seguridad pública en el país, de manera “extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria”, hasta en tanto se consoliden las capacidades de la Guardia Nacional.
Pero el 11 de mayo de 2020 el Ejecutivo Federal emitió el acuerdo por el que se dispone de la fuerza armada permanente para realizar tareas de seguridad pública en todo el territorio nacional, hasta el 27 de marzo de 2024.
Por esto y luego de un cuidadoso análisis, de consultar a especialistas y organizaciones de la sociedad civil, y de tomar en cuenta los pronunciamientos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, “considero que existen razones fundadas para solicitar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que, mediante una controversia constitucional, revise la constitucionalidad del acuerdo”.
El artículo 233 párrafo 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados detalla que cuando un legislador pretenda interponer una controversia deberá presentar solicitud a la Junta de Coordinación Política la cual solicitará a la Mesa Directiva su análisis y de ser procedente se someterá a votación del pleno, y en caso de ser el presidente de la Mesa Directiva podrá, por sí mismo, presentar una controversia cuando lo estime necesario para defender los intereses de ésta.
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