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La corrupción es un mercado criminal de “alta complejidad”, que requiere atenderse con prioridad y en coordinación entre el gobierno, el sector privado y la sociedad civil , afirmó el subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la PGR, en suplencia del procurador, Alberto Elías Beltrán.
Al participar en el diplomado “Anticorrupción en la Seguridad Pública”, organizado por la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), el funcionario señaló que si bien el Senado de la República no ha designado al fiscal anticorrupción, la Fiscalía Especializada en la materia, creada en 2014, ha implementado diversas estrategias y acciones ante esta problemática.
En presencia de la secretaria de la Función Pública, Arely Gómez; el comisionado general de la Policía Federal, Manelich Castilla, Elías Beltrán consideró que la corrupción debe verse como ilícito componente de toda la cadena de valor criminal y no como un simple delito cometido por un servidor público.
“Desde la óptica de quienes buscan corromper a un funcionario, la corrupción no es un objetivo criminal en sí mismo. Por ejemplo: se corrompe para que un agente aduanal no haga una revisión, pero el objetivo es ingresar bienes o productos ilícitos al país, por eso cuando se investiga y persiguen delitos relacionados con hechos de corrupción, debe hacerse un énfasis muy amplio que abarque todas sus causas y resultados y que permitan desarticular el esquema completo de corrupción”, consideró.
Por ello, mencionó que se debe lograr vincular a la corrupción con otros delitos, como es el de lavado de dinero y otros actores, ya sean personas físicas o morales.
“Especialmente debemos construir estas líneas de investigación, con base en la información fiscal, financiera, corporativa que nos permita seguir la ruta del dinero.
“Al interior de la PGR, mediante la Agencia de Investigación Criminal y la Unidad Especializada en Análisis Financiero, estamos construyendo teorías del caso más sólidas, ejemplo de ello es que el Ministerio Público determina un criterio de oportunidad en favor de quién aporta información esencial que nos permita perseguir un delito más grave que el que se le imputa”, aseguró.
Dijo que no se debe olvidar que la corrupción es un delito que debe combatirse con confianza y coordinación, entre el sector privado, la sociedad civil y el gobierno.
“No es casual, que el Sistema Nacional Anticorrupción descanse sobre principios que involucran a la sociedad, como lo hace el Comité de Participación Ciudadana. Las instituciones requieren aprovechar todos los espacios para consolidar sus vínculos con la sociedad, vínculos que permiten fortalecer el sector público entre ciudadanos y otros actores no gubernamentales.
“En nuestro caso, hemos facilitado y agilizado la forma de interponer denuncias con múltiples plataformas, inclusive por medio de Internet o por vía telefónica. Luchar contra la corrupción no es luchar contra un delito más, sino contra uno que debilita la estructura de gobierno, que corrompe el Estado de Derecho y desgarra la confianza hacía las instituciones”, expuso.
