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La Consulta Nacional sobre el Modelo de Procuración de Justicia señala que es fundamental un plan de transición durante el proceso de conversión de la Procuraduría a la Fiscalía General de la República, a fin de evitar una “percepción de impunidad”.
El documento enviado a la Comisión Permanente por parte de la Procuraduría General de la República (PGR) resalta que es indispensable que durante la transición se cubran todos los aspectos necesarios que garanticen un cambio seguro, continuo y eficaz.
La consulta, elaborada por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), indica que es necesaria la expedición de una nueva ley orgánica con entrada en vigencia progresiva que contemple transitar mediante un modelo territorial o por órgano.
Toda vez que la propuesta del modelo plantea un esquema en el que, previa evaluación, la PGR traslade gradualmente sus recursos hacia la Fiscalía y, paralelamente, liquide el rezago tanto del sistema tradicional como de los casos iniciados en el sistema penal acusatorio.
“Para lo cual se deben establecer criterios y metodologías, además de dar prioridad a los casos de mayor impacto social y a los que involucren violaciones graves a derechos humanos o actos de corrupción”, asentó.
El documento turnado a las comisiones de Justicia de la Cámara de Diputados y del Senado de la República refiere que uno de los retos más importantes del modelo es abordar cómo se dará el proceso de transformación institucional, con el paso de procuradurías hacia fiscalías con autonomía constitucional, evitando un mero cambio nominal y un tránsito automático de los endebles recursos humanos, materiales y financieros.
