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El Congreso de Nayarit abrió la posibilidad de citar al ex gobernador Roberto Sandoval a rendir cuentas y ser sancionado administrativamente; además de que podría derivar en que sea requerido por el Poder Judicial por su presunto enriquecimiento ilícito, como lo ha señalado el movimiento de la Comisión de la Verdad.
Rodrigo González Barrios, vocero de la Comisión de la Verdad, dijo que ahora que dio entrada al juicio de procedencia temen que Roberto Sandoval salga de la República como lo han hecho otros ex gobernadores para evadir a la justicia.
“Tememos que el ex gobernador pueda salir del país pero nosotros no tenemos posibilidades de detenerlo, como ciudadanos hacemos todo lo que nos es posible. Queremos que se le quite el fuero, de ahí la relevancia del juicio político”, afirmó.
Mencionó que la Constitución local dice que el ex gobernador tiene fuero hasta un año después de haber dejado el mandato, “por eso es mejor cubrir todas las salidas, desde mi opinión”. Confió en que con base en lo que han presentado proceda el juicio político, para después seguir con los temas penales con la fiscalía o la PGR.
Explicó que la Comisión de Justicia y Derechos Humanos aprobó el acuerdo para que se presenten ante el pleno dos procedimientos de juicio político: por manejo indebido de fondos y recursos públicos.
“El juicio político es para cubrir dos vías, aunque se señala que no tiene fuero, la Constitución local precisa que tiene fuero hasta un año después, de ahí el juicio para quitarle el fuero, pero también es por un proceso de inhabilitación”, comentó.
González Barrios mencionó que el lunes pasado presentaron una denuncia ante la Fiscalía de Nayarit en contra de Roberto Sandoval por probable enriquecimiento ilícito, misma que habían expuesto ante la PGR.
“Para nosotros es bueno el proceso de juicio político para que las autoridades puedan proceder en las denuncias penales. Esperemos que en unos tres meses el Congreso de Nayarit pueda resolver”, agregó.
A ello se suman las denuncias que han presentado familiares de desaparecidos, hasta el momento la PGR ha recibido 25, mismas que se encuentran integradas en una carpeta de investigación.
Por otra parte, en la fiscalía del estado había hasta finales del año pasado 150 denuncias por desaparición, algunos de los familiares aseguran que detrás de esos hechos está la gente del ex fiscal Édgar Veytia.
En el acuerdo de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso estatal, se señala la procedencia de la denuncia de juicio político en contra del entonces gobernador, Roberto Sandoval, además de otros servidores públicos.
Entre ellos Mario Alberto Pacheco Ventura, en su calidad de secretario de Administración y Finanzas y antes secretario de la Contraloría General del estado; Luis Antonio Apaseo Gordillo, ex secretario de la Contraloría General de la entidad, y Héctor Salome Parra Zavala, como director general del Fondo de Pensiones del estado de Nayarit.
El artículo 124 de la Constitución estatal dice que “podrán ser sujetos de juicio político los diputados al Congreso del estado, los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, los miembros del Consejo de la Judicatura, los secretarios de despacho y los servidores públicos de la estructura básica centralizada, el fiscal general, los Jueces de Primera Instancia, los comisionados del organismo garante de transparencia estatal”, entre otros.
Precisa que el gobernador, los diputados del Congreso del estado, los magistrados del Tribunal Superior de Justicia y los miembros del Consejo de la Judicatura sólo podrán ser sujetos de juicio político por violaciones graves a la Constitución General de la República, a la particular del estado, a las leyes federales y locales que de ellas emanen, así como por el manejo indebido de fondos y recursos.
