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horacio.jimenez@eluniversal.com.mx
Tan sólo 21 días después de que fue promulgada la Ley de Seguridad Interior, los ciudadanos Jonathan Yair Bárcenas Pérez, Carlos Azeem Sánchez y Glen Fernando Meyenberg Gaspar, integrantes del colectivo Parlamento de México, entregaron una solicitud a la Presidencia de la República para solicitar la “Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior” para el municipio de Acapulco de Juárez, en Guerrero, debido a los altos índices de violencia y asesinatos que se han registrado en esa zona.
El documento —entregado en la Oficialía de Partes de la Presidencia de la República el pasado 11 de enero— describe que la solicitud se basa en el ejercicio de las prerrogativas que les reconoce la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en sus artículos 8 y 35, fracción V.
En el documento, del cual EL UNIVERSAL posee una copia, se explica que para dar trámite a dicha petición se debe atender el hecho de que la seguridad nacional es un asunto de orden público e interés general, por lo que es un deber “irrestricto de esta máxima autoridad ejecutiva hacer cumplir la norma que lo regula, con prontitud, buscando que su vigencia material potencialice la probabilidad de que los gobernados puedan gozar de forma plena de sus derechos humanos y atendiendo las situaciones que son un factor de riesgo para las poblaciones de un territorio determinado”.
La Presidencia de la República respondió a los ciudadanos y afirmó que ya analiza la petición, en la que se adjunta que en el estado de Guerrero se han registrado 18 mil 57 homicidios de 2008 a 2016, y que Acapulco registra tan sólo 7 mil 190; le sigue Chilpancingo, con mil 643, y también está Iguala, con mil 597 homicidios.
Por ello, “se evidencia la necesidad de que las Fuerzas Federales y Armadas permanezcan coordinando esfuerzos con el gobierno estatal y municipal con el fin de potencializar la posibilidad de restaurar el orden de Estado que garantice el pleno goce de los derechos humanos de las personas y se restablezca la paz social”, describe el documento.
La solicitud. “La petición que se tramita tiene como objeto poner a consideración del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos los elementos que deben tomarse en cuenta para llevar a cabo de forma inmediata la Declaratoria de Protección de la Seguridad Interior en el municipio de Acapulco de Juárez de Guerrero, ello en virtud de que si bien es cierto que los que suscriben no tienen legitimación para realizar la solicitud formal de la declaratoria en términos de lo que establece el artículo 89 de la Constitución”, describe el documento.
“La máxima autoridad ejecutiva y garante de la Constitución a quien nos dirigimos, tiene la atribución de ordenar por sí, la intervención de la Federación para la realización e implementación de acciones de seguridad interior en un territorio determinado, siempre y cuando se siga con el procedimiento descrito en la ley”, detallan los solicitantes.
Esta ley fue promulgada por el Presidente de la República el pasado 21 de diciembre en el Diario Oficial de la Federación. Sin embargo, el titular del Ejecutivo anunció que no emitiría la declaratoria de protección para alguna zona, prevista en esa legislación, hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se pronuncie sobre su constitucionalidad.
