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Por la muerte de 28 internos y 22 personas lesionadas ocurridas en una riña el pasado 6 de julio en el Centro Regional de Reinserción Social (Cereso) de Acapulco, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) envió una recomendación a Héctor Astudillo Flores, gobernador de Guerrero.
La CNDH señaló que estos hechos evidenciaron las anomalías e irregulares condiciones que imperan en ese centro, como sobrepoblación, hacinamiento, autogobierno e inadecuada clasificación, así como insuficiencia de personal, lo que impide privilegiar y resguardar el orden e imposibilita el respeto de los derechos humanos al trabajo, a la capacitación para el mismo, a la educación, salud y deporte, convirtiéndose en obstáculos para la reinserción social.
La CNDH observó la falta de control de las autoridades, existencia de privilegios y cobros por servicios, lo cual genera un ambiente propicio para la proliferación de actos violentos y de corrupción, en los cuales es evidente la participación de internos y personal del servicio público.
“Esta situación pone de manifiesto el incumplimiento a la obligación del Estado de asegurar y garantizar los derechos humanos, en específico de quienes están privadas de la libertad. La autoridad penitenciaria, al encargarse de su custodia, asume su calidad de garante y en este caso no se tomaron las medidas que permitieran resguardar la vida de los internos”, explicó.
La CNDH solicitó al gobernador tomar medidas conducentes para que, en un plazo razonable, se diseñe un programa integral con estrategias y acciones que permitan consolidar un sistema penitenciario respetuoso de los derechos humanos, así como instruir que, en términos de la Ley de Víctimas del Estado de Guerrero, se brinde, en su caso, atención sicológica a los familiares de los internos fallecidos y lesionados.
La comisión pidió realizar la clasificación penitenciaria con base en criterios de las normas nacionales e instrumentos internacionales, deberán diseñarse programas para erradicar autogobierno, contar con equipo y tecnología para detectar sustancias y objetos prohibidos, asignar suficiente personal de seguridad, capacitado en derechos humanos y control de disturbios.
