Más Información
justiciaysociedad@eluniversal.com.mx
Claudia Romanillos Villanueva, identificada como coautora del desfalco millonario ocasionado por el ex gobernador Roberto Borge Angulo, administró sus gastos de campaña rumbo a la gubernatura.
Romanillos Villanueva ha sido una de las más cercanas colaboradoras de Borge Angulo desde hace 13 años. Hoy forma parte de la causa penal número 381/2017, en la que la Procuraduría General de la República (PGR) la señaló como coautora de la red de lavado de dinero que causó un desfalco por 900 millones 99 mil 418.17 al erario público.
Romanillos y Borge comenzaron a colaborar desde que éste ocupó en la Tesorería del estado de Quintana Roo en 2005, designado directamente por el entonces gobernador, Félix González Canto.
Romanillos fue desde entonces la secretaria particular de Borge y le acompañó también de 2006 a 2008, cuando ocupó el cargo de oficial mayor.
Al conocer las aspiraciones de Borge para ser diputado, Romanillos se convirtió en el elemento clave de su manejo monetario.
Administró los gastos de su campaña rumbo a la diputación, que ocupó de 2009 a 2011. Después administró el dinero de la campaña que lo llevó a la gubernatura de su estado, donde Romanillos logró ascender de secretaria particular a administrar el patrimonio de Quintana Roo.
Cuando Borge se convirtió en gobernador, designó a Romanillos presidenta del Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública de Quintana Roo (Ipae), en el que vendió a precios de remate 22 predios para favorecer a amigos y familiares del entonces mandatario estatal.
Durante la audiencia inicial contra Borge, el pasado 4 de enero, los fiscales de la PGR afirmaron que la ex directora del Ipae integró los expedientes en los que se autorizó la compraventa irregular de 22 predios tutelados por la reserva territorial de Quintana Roo.
Señaló que el papel de Romanillos Villanueva fue materializar la enajenación y adquisición de los terrenos a precios de remate razón por la que, según la PGR, su designación en el Ipae fue clave para Borge.
Un juez penal libró orden de aprehensión contra la ex funcionaria, quien consiguió una suspensión a través de un amparo, por lo que no ha sido posible ejecutar su detención.
Los fiscales indicaron que Soraya Guadalupe Herrera Manzanilla, ex coordinadora jurídica del Ipae, también fue cómplice de las ventas ilegales, puesto que era la encargada de verificar que los expedientes cumplieran con los requisitos necesarios.
En los expedientes, la PGR detectó que no se cumplieron requisitos como la existencia de constancias de solicitud de avalúo comercial a peritos valuadores autorizados; constancia del historia crediticio de los compradores, y consentimiento previo y por escrito del Consejo General del Ipae, entonces presidido por Borge Angulo, para ceder los predios, entre otros.
