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Al constatar la situación de gravedad y urgencia en la que se encuentra después de haber sido detenido y desaparecido por parte de agentes policiales en enero pasado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares en favor de Marco Antonio Sánchez , joven de 17 años y estudiante de la Preparatoria 8 de la UNAM .
En conferencia de prensa, la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) detalló que Marco Antonio se encuentra hospitalizado en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía (INNN) donde ha sido amarrado pese a que la jueza pidió al INNN explorará otras medidas alternativas, además de que se le suministró un fármaco que podría afectar su salud y en el continúan sin dar el expediente, por lo cual la familia desconoce el tratamiento que se le brinda a Marco.
La organización informó que la preocupación por opiniones médicas adicionales se agrava ante el hecho que se difundan aseveraciones sobre antecedentes psiquiátricos y de drogas sin sustento alguno, porque “el INNN basa su diagnóstico en dichos antecedentes lo cual coloca duda sobre el tratamiento basado en un diagnóstico poco serio. En el último informe del Instituto el hospital solamente dijo que no tenía las condiciones para proporcionar medidas alternativas a la sujeción”.
En este sentido, la CIDH determinó que los derechos de Marco Antonio a la vida , integridad personal y salud se encuentran en riesgo de sufrir un daño irreparable, por lo que ordenó al Estado mexicano que adopte las medidas necesarias para preservarlos, teniendo en cuenta el interés superior del joven; y que concierte estas medidas con él, su familia y sus representantes, especialmente respecto de la atención médica y psicológica, garantizando su autonomía y consentimiento informado.
En su resolución de la solicitud de protección que fue planteada por la Redim, así como por la Defensoría por los Derechos de la Infancia , el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional y por el Instituto de Justicia Procesal Penal , el organismo continental consideró el riesgo derivado de la difusión de datos personales e información que estigmatiza al joven vinculándolo con el consumo de drogas y con problemas psiquiátricos previos a su desaparición. Además, se destaca que se incluya específicamente la obligación de proteger el derecho a la salud, incluyendo en específico la salud mental.
Las organizaciones indicaron que el equipo de defensa está trabajando en coadyuvancia con la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada de la Procuraduría General de la República y exhortaron a las autoridades mexicanas a cumplir con las medidas ordenadas por la Comisión de forma inmediata y proteger los derechos de Marco Antonio de manera que pronto pueda retomar su vida en condiciones seguras, y lamentamos que se continúe sin encontrar condiciones objetivas e imparciales para investigar el caso.
El pasado 23 de enero del 2018 el joven de 17 años fue detenido por policías de la Ciudad de México , siendo localizado cinco días después con afectaciones en su salud física y mental, sin que al día de hoy se sepa adonde fue llevado durante este lapso.
