Ciudad de México.- La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) celebró el acuerdo en el Senado de la República por el que se logró cambio Constitucional para la creación de la Guardia Nacional.
”Gracias a la apertura del Congreso de la Unión, diversos actores han tenido la oportunidad de expresar sus puntos de vista. Desde el inicio del proceso legislativo la Oficina compartió su preocupación por el carácter militarizado de la propuesta original sobre la base de las obligaciones internacionales del Estado mexicano".
De igual forma, la ONU-DH tuvo la oportunidad de promover de manera constructiva alternativas de solución”, difundió esta oficina a través de un comunicado.
El representante en México de la ONU-DH, Jan Jarab, señaló que la versión adoptada por el Senado representa un avance positivo que elimina algunos de los principales puntos de preocupación y retoma varias de las recomendaciones formuladas por la Oficina y otros actores.
La ONU-DH destacó que entre las mejoras a la nueva ley destaca el giro desde un diseño predominantemente de corte militar hacia otro de carácter civil en la naciente corporación de seguridad.
“De particular relevancia es que se hayan eliminado algunos componentes que atentaban contra la esencia civil de la Guardia Nacional, se haya fortalecido el mando civil y se hayan incorporado elementos de control de carácter democrático”, señaló.
Añadió que la colocación de componentes del orden militar sólo en los artículos transitorios, lo cual preserva la integridad del texto constitucional permanente, y la recuperación explícita de algunos estándares del “Caso Alvarado” resuelto recientemente por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, atenúan significativamente los riesgos de la propuesta original.
“Aun así, dicho régimen de transitoriedad deberá sujetarse, en los hechos, a estrictos mecanismos de supervisión de naturaleza civil que permitan la prevención de violaciones a los derechos humanos y su detección cuando éstas ocurran, así como su investigación y sanción adecuadas”, subrayó.
Este organismo internacional consideró que la minuta aprobada por el Senado respeta el carácter excepcional, restringido y limitado de la jurisdicción militar al no modificar al artículo 13 de la Constitución.
“De igual forma, la Oficina saluda que se haya garantizado la imposibilidad de privar a personas de la libertad en instalaciones militares y que toda persona detenida deberá ser puesta a disposición de la autoridad civil. Ambos temas fueron desde el inicio dos de las prioridades sustantivas de la ONU-DH”, manifestó.
Aplaudió que la nueva versión mantenga dos avances que consideró significativos y fueron alcanzados desde la minuta adoptada por la Cámara de Diputados: la generación de dos marcos normativos de alcance nacional sobre uso de la fuerza y registro de personas detenidas, toda vez que retoman reiteradas recomendaciones de los organismos internacionales de derechos humanos.
“El hecho de que las y los integrantes del Senado hayan materializado un consenso que hace días parecía inalcanzable en un tema tan sensible y relevante para el pueblo de México es en sí mismo digno de reconocimiento.
La voluntad de diálogo y la disposición de construir colectivamente y en pluralidad son métodos propios de toda sociedad madura que aspira a procesar sus diferencias de forma reflexiva por la vía democrática”, agregó Jan Jarab. Esta oficina en México resaltó las contribuciones de las organizaciones de la sociedad civil, de especialistas en materia de seguridad y derechos humanos y de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, particularmente de quienes se han articulado en el Colectivo Seguridad Sin Guerra, así como de los organismos públicos de derechos humanos.
Su papel ha sido determinante para enriquecer la deliberación en el Congreso. Animó al Estado mexicano a mantener el espíritu de apertura y participación cívica que ha permitido la consecución de este acuerdo en futuros procesos.
“De implementarse correctamente la reforma constitucional, en estricto apego a los derechos humanos y preservando el carácter civil de las corporaciones de seguridad, se iniciaría un camino para superar el paradigma militar en la seguridad pública en México y retirar gradualmente a las Fuerzas Armadas de tareas que le son impropias,” expresó Jarab.
Llamó a la Cámara de Diputados a aprobar la minuta adoptada por el Senado de la República.
“Esta Oficina refrenda su plena disposición para seguir acompañando los esfuerzos del Estado mexicano en la construcción de una política de seguridad ciudadana, así como para brindar su asistencia y colaboración técnicas en la elaboración de las leyes que se derivarán de la reforma y en el fortalecimiento de las capacidades de las instituciones de seguridad pública”, puntualizó.
