De las 32 entidades del país, sólo 10 han completado los tres talleres obligatorios en materia del Sistema de Justicia Penal con apego al programa rector de profesionalización, aprobado por el Consejo Nacional de Seguridad Pública, de acuerdo con el último Diagnóstico nacional sobre las policías preventivas, presentado por el Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Según indica el documento, la totalidad del estado de fuerza operativo debe actualizarse con una capacitación práctica de 30 horas anuales en la materia. Los talleres obligatorios son: “La función del primer respondiente, la ciencia forense aplicada en el lugar de los hechos y cadena de custodia”, “La función policial y su eficacia en los primeros actos de investigación” y el “Taller de investigación criminal conjunta (prevención e investigación)”.
Se trata del Estado de México, Ciudad de México, Morelia, Chiapas, Guerrero, Sonora, Veracruz, Puebla Baja California y Aguascalientes, los cuales acreditaron diferentes replicadores en 2017 para cada uno de los talleres obligatorios.
Por el contrario, Nayarit y Querétaro no habían acreditado, por lo menos hasta el último corte, a ninguno de los replicadores. Jalisco, Baja California Sur, Chihuahua, Guanajuato, Querétaro y Zacatecas apenas habían completado algún replicador en materia de la función policial y su eficacia en los primeros actos de investigación.
Para Guillermo Zepeda Lecuona, investigador del Colegio de Jalisco, debe fortalecerse la capacitación para abonar a la procuración de justicia y que se faciliten los procesos de investigación, con la finalidad de disminuir el clima de impunidad en el país.
Viridiana López Herrera, investigadora de Causa en Común, manifiesta que la capacitación y certificación son ejes fundamentales para la función policial, no sólo para mejorar el desempeño de los elementos, sino para garantizar la efectividad de los mismos.
Morelos, con las mejores prestaciones
Morelos es el estado que cumple con las condiciones necesarias de seguridad social establecidas en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de acuerdo con un estudio sobre el Índice de Desarrollo Policial (Indepol), dado a conocer este 2018 por Causa en Común.
Lo anterior, gracias a que cuenta con la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública, en la que se establecen, además de la afiliación a un sistema principal de seguridad social, como IMSS o ISSTE, otras prestaciones adicionales, como acceso a créditos para la obtención de vivienda, despensas en especie o ayuda económica para este concepto, equipos y material necesarios para su función, bono de riesgos, ayuda de transporte y beneficios por maternidad y paternidad.
También existen otros beneficios como estímulos por eficiencia y trayectoria, asesorías legales, créditos por parte del gobierno estatal, apoyo para alimentación, becas y créditos de educación o capacitación científica y tecnológica para sus hijos y ayudas anuales para útiles escolares, cuyo monto mínimo será de siete días de salario mínimo.
Zacatecas, Tlaxcala y Chiapas fueron los estados que se ubicaron en los últimos puestos a nivel nacional, debido a que no reportaron al Indepol algún sistema complementario de seguridad social, según explicó Viridiana López Herrera, investigadora de Causa en Común.
“Otros estados tienen prestaciones que no están en normativa y quedan un poco a discreción, porque no hay algo que obligue a que especifique las características”.
Desechado, el mando único estatal
La reforma para transformar a las casi 2 mil 500 policías municipales en 32 mandos únicos estatales fue desechada por la pasada 63 Legislatura federal.
Macedonio Tamez Guajardo, entonces coordinador de la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, señaló que la propuesta fue desechada por los legisladores del PRI, PVEM, Encuentro Social y Nueva Alianza, tras la votación llevada a cabo en las comisiones de Seguridad en noviembre de 2017, al considerarla como una iniciativa en contra de las prácticas modernas que sigue el modelo de proximidad y contacto.
La propuesta fue presentada en 2010 por el entonces presidente Felipe Calderón y retomada durante la actual administración de Enrique Peña Nieto, quien urgió a analizar la iniciativa, con la finalidad de que las 32 policías estatales se convirtieran en corporaciones confiables, “capaces de enfrentar a la delincuencia”.
En octubre pasado, el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, informó que establecerá durante su gestión un mando único en las 32 entidades del país, al cual se incluirá a elementos de la Marina y el Ejército, además de que se crearán 248 coordinaciones territoriales que se encargará de las prácticas de desarrollo social.
