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Los terrenos propiedad del estado de Quintana Roo fueron ofrecidos en venta entre vecinos de la familia del ex gobernador, Roberto Borge Angulo, bajo el pretexto de que “le urgía” pagar sus deudas.
Según las declaraciones de dos testigos en la carpeta de investigación iniciada por la Procuraduría General de la República (PGR) contra Borge Angulo por lavado de dinero, la familia del ex gobernador era conocida por la creación y administración de empresas como Caracol 65, identificada como empresa fachada.
Carlos Antonio Mimenza Novelo, uno de los testigos del caso, declaró que en noviembre de 2015, el tesorero de Tulum, Óscar Conde, le ofreció terrenos a precios de remate propiedad del Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública de Quintana Roo (IPAE).
Mimenza Novelo afirmó que el funcionario le explicó que la venta a precios tan bajos se debía a que con el dinero, el ex gobernador buscaba pagar sus deudas.
Dijo que él decidió no invertir en la compra de los terrenos debido a que para ese momento no contaba con el dinero necesario.
Los fiscales encargados del caso citaron las declaraciones entre los 86 datos de prueba presentados ante el juez de Control que llevó la audiencia inicial en la causa penal número 381/2017 contra Borge Angulo.
El testigo amplió su declaración e indicó que sabía que el ex mandatario lavaba dinero de las enajenaciones de los terrenos del IPAE a través del hospital ABC, propiedad de Eduardo Solís Azarcoya, esposo de la directora de ese instituto, Claudia Romanillos Villanueva.
Otro testigo del caso, Romeo Villanueva Polanco, vecino de la familia Borge en Cozumel, afirmó conocer a Roberto desde la infancia.
Su declaración, contenida en la carpeta de investigación fue emitida el 25 de mayo pasado, en la que afirmó que Caracol 65, empresa identificada como fantasma, fue el primer negocio de Borge Angulo quien luego de concluir sus estudios de Administración de Empresas en Monterrey comenzó a colaborar con Edgar Manuel Méndez Montoya.
Méndez Montoya también fue identificado por la PGR como prestanombres de Borge Angulo, quien aparece como accionista en varias empresas “fachada” y adquirió seis de los 22 predios del IPAE.
Busca amparo colaborador. Santiago Samuel Jiménez Moreno, empresario gasolinero implicado en la compra irregular de predios en Quintana Roo, solicitó un amparo para exigir a la PGR que dé respuesta a sus peticiones.
El asunto fue admitido por el juez Séptimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en el expediente 7/2018 en el que le fue negada la suspensión y la audiencia constitucional se realizará el 30 de enero próximo.
Jiménez Moreno fue señalado por la PGR por adquirir dos de los 22 predios que forman parte de la imputación de la PGR contra el mandatario, Borge Angulo.
Pagó 8 millones 625 mil 930 pesos por un predio de 28 mil 753.10 metros cuadrados cuyo precio real era de 27 millones 397 mil 793 pesos y un millón 799 mil 448 pesos por un terreno de 5 mil 998.16 metros cuadrados, valuado realmente en 7 millones 708 mil 462.12 pesos.
