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Con el despliegue de 6 mil 643 elementos del Ejército, Marina y Policía Federal, en febrero los homicidios dolosos disminuyeron 29.6% en nueve de 13 ciudades prioritarias en la estrategia anticrimen del gobierno federal donde operan las mesas de Seguridad y Justicia.
Según un reporte del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (Cenapi), al que tuvo acceso EL UNIVERSAL, entre diciembre de 2018 y enero de este año, cuando todavía no iniciaban los operativos interinstitucionales, se registraron 469 asesinatos en conjunto en las nueve localidades, contra los 330 ocurridos de febrero al 18 marzo, ya con la presencia de las fuerzas federales.
Sin embargo, la tendencia al alza sigue en Ciudad Juárez, con 15% de incremento; Reynosa, 15%; Benito Juárez (Cancún), 1.9%, pese a la presencia de las fuerzas federales en esas localidades de los estados de Chihuahua, Tamaulipas y Quintana Roo.
En su plan contra la violencia, el gobierno federal definió 21 ciudades de urgente atención, donde se refuerza la seguridad desde el mes pasado. Faltan por entrar en operación las mesas de Seguridad y Justicia en los municipios de Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua; Salamanca, Irapuato, Celaya, Uriangato, Guanajuato; Tlajomulco, Jalisco; Chilpancingo, Guerrero, y Nuevo Laredo, en el estado de Tamaulipas.
A las ciudades de mayor incidencia delictiva las autoridades federales despliegan un total de 600 elementos militares y navales, y como complemento un grupo de policías federales, quienes actúan como primer respondiente.
En Tijuana, Baja California, operan al momento 643 integrantes del Ejército y de la Marina-Armada, para contener la violencia, según el desglose del documento elaborado por el Cenapi, el centro de inteligencia de la Fiscalía General de la República (FGR).
Investigaciones con las que cuentan autoridades federales señalan que en ese municipio existe una pugna entre el Cártel de Sinaloa y los Arellano Félix, estos últimos en alianza con el Cártel Jalisco Nueva Generación, por el control de territorios para el trasiego de drogas a Estados Unidos.
En el reporte se precisa que los asesinatos en la ciudad fronteriza pasaron de 220 a 173, después del arranque de la Mesa de Seguridad, conformada por mandos del Ejército, Marina-Armada, Policía Federal y autoridades estatales y municipales; el promedio de víctimas era de 5.2 diarias y ahora es de 4.1, se destaca.
En Manzanillo, Colima, donde los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación mantienen una disputa por el control del puerto, las muertes bajaron de 42 a 28, en números absolutos; a ese municipio fueron enviados 282 marinos, 188 militares y 130 agentes federales.
En Ecatepec, Estado de México, uno de los municipios más poblados del país, las víctimas pasaron de 22 a 13; los días 4 y 10 de febrero son los que más muertes registraron, con tres, respectivamente.
A más de dos semanas del arribo de fuerzas federales, los asesinatos en Culiacán sumaron 35 entre diciembre y enero, contra los 12 del periodo febrero-marzo.
Afectada por la batalla que libran los cárteles Jalisco Nueva Generación y su escisión Nueva Plaza, los asesinatos en Guadalajara pasaron de 30 a 12, durante los 35 días que lleva el operativo conjunto en la capital de Jalisco, una de las regiones prioritarias del gobierno federal.
En la ciudad de Monterrey bajaron las muertes violentas de 24 a 17; Cajeme pasó de 24 a 7, y en Coatzacoalcos, de 13 a 11, se desprende del informe de la Fiscalía General.
Al respecto, el investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe) —brazo académico de la FGR—, Jorge Alberto Lara Rivera, consideró que la reducción de los homicidios dolosos reportada por el Cenapi en las ciudades mencionadas, sería una prueba de que la inseguridad requiere de manera obligatoria de la actuación estratégica del gobierno.
“Si se consolida esta tendencia sería una noticia positiva”, señaló el exsubprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la entonces Procuraduría General de la República (PGR).
En entrevista, el académico aseguró que lo importante es que la estrategia sea integral y se dejen a un “lado las ocurrencias, como la de la amnistía y el supuesto fin de la guerra contra el crimen”.
