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El asesinato de periodistas es la forma extrema de atentar contra la libertad de expresión, afirmó Edison Lanza, representante máximo de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Al participar en el Foro Libertad de Expresión. Un Derecho en Constante Reestricción, Lanza se refirió a casos como el de Miroslava Breach y Javier Valdez, y afirmó que los asesinatos de periodistas siguen asolando a México, así como la impunidad.
“Las afectaciones directas a la libertad de expresión pasan por el asesinato de decenas de periodistas en los últimos años. Casos emblemáticos como el de Javier Valdez, Miros- lava Breach, los de Veracruz, Sinaloa, Chihuahua, Guerrero, que siguen asolando al periodismo en México y la subsiguiente impunidad que existe. Esto es una forma extrema de afectar el derecho a la vida de las víctimas, pero también el derecho a la libertad de expresión y la garantía de acceso a la justicia”, dijo.
Resaltó que la sociedad tiene derecho a que se explique lo que hay detrás de estos crímenes, porque “cuando se mata a un periodista hay una decisión selectiva, premeditada de ir por él, del crimen organizado o de las autoridades de callarlo, que la sociedad no se entere de lo que debió publicar”.
Destacó que con la consolidación del sistema democrático en la región de Centroamérica se ha visto una mayor tendencia en la que los Estados practiquen “medios indirectos de afectar a la libertad de expresión”, que son distintos a los asesinatos y la censura de los años 70 y 80.
Lanza comentó que con internet hay nuevas amenazas de afectaciones indirectas a la libertad de expresión, como impedir a la población ciertas páginas o sitios: “Hay intención de censurar e intención de ocultar los hilos detrás de ella. Son más difíciles de demostrar y exponer”.
El representante máximo de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión comentó que algunos de los medios indirectos para limitar la libertad de expresión son: despedir a un periodista por presiones de grupos de poder, la asignación discrecional de la publicidad oficial, el impedimento a ciertos grupos de población de acceder contenidos en internet, procesos judiciales contra los comunicadores, vigilancia para acceder a las fuentes de éstos, restricción de papel para algunos medios, otorgamiento con base en criterios políticos, entre otros.
“Cada vez más, los gobiernos y quienes quieren abusar del poder, ponen en práctica mecanismos sofisticados para incidir en el debate de la información”, enfatizó.
Al foro asistieron representantes de organizaciones civiles y de medios de comunicación; el encuentro se realizó en el marco del 164 periodo de sesiones de la CIDH en la Ciudad de México.
