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Es urgente que la Ley de Seguridad Interior tenga como eje rector el respeto a los derechos humanos de los ciudadanos, así como combatir la corrupción para disminuir la delincuencia, afirmó la Arquidiócesis de México.
En el editorial “Seguridad Interior” del semanario Desde la Fe, la Arquidiócesis resaltó la importancia de contar con fuerzas civiles dotadas de tecnología y profesionalización para intervenir en los problemas de seguridad pública que aquejan al país. Indicó que esta legislación debe cubrir cualquier tipo de “laguna” y no dejar nada a la interpretación de los gobernantes, a quienes acusó de ser aliados de grupos criminales.
“La Ley de Seguridad Interior debería cubrir cualquier laguna, porque nada en este tema debe darse por sentado o por libre interpretación y menos al arbitrio discrecional de gobernantes a los que se ha probado nula capacidad para resolver problemas y más bien fueron aliados de grupos criminales. La urgencia principal es que esa legislación tenga como eje rector el respeto total a los derechos humanos de los ciudadanos que quieren vivir en paz”, enfatizó.
El semanario advirtió que aunque la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles aminoró “el camino hacia el desastre”, el desgaste de los elementos castrenses repercuten en el combate al crimen organizado, por lo que para que una legislación en la materia sea efectiva, debe abarcar la intervención progresiva de fuerzas civiles.
“Las Fuerzas Armadas gozan de la mayor credibilidad entre las instituciones del país; sin embargo, el desgaste de los elementos castrenses incide en esta pretendida eficacia de una guerra que debe combatirse a través de otros elementos. En esto, es urgente un modelo efectivo de mando policial paralizado en el Congreso de la Unión”.
Señaló que se ha provocado una “sangría de recursos económicos”, debido a los millones de pesos que se han erogado para implementar estrategias de seguridad sin que esos planes hayan resultado “efectivos”. Refirió que el Informe del Índice de Paz Global 2016, realizado por el Instituto para la Economía y la Paz, indicó que la guerra contra el crimen costó a cada mexicano cerca de 17 mil pesos y, según ese documento, en 2016 se invirtieron 2.2 billones de pesos para combatir la inseguridad.
“Hace 11 años, el Ejército y la Marina se vieron comprometidos con el combate al crimen, en medio de una progresiva escalada de violencia. Los enemigos de México se habían hecho del control de comunidades y municipios enteros. La corrupción, madre de todos los vicios, engendró este monstruo que se comió a los cuerpos policiales”.
