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Ante la falta de integridad y profesionalismo de la Policía Federal, corporaciones municipales y estatales, Andrés Manuel López Obrador busca conformar una Guardia Nacional para que las Fuerzas Armadas tengan el respaldo legal de realizar acciones de seguridad pública en el país y estén bajo el mando de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
En una ceremonia en el hotel Fiesta Americana de Reforma, al que asistieron sus colaboradores, así como invitados especiales, López Obrador detalló que propondrán una reforma constitucional en la que solicitará al Congreso de la Unión la modificación de los términos de la fracción XV del artículo 76 constitucional, y de otras disposiciones legales, a fin de conformar la Guardia Nacional como instrumento primordial del Ejecutivo federal en la prevención del delito, la preservación de la seguridad pública, la recuperación de la paz y el combate a la delincuencia en todo el país.
Aclaró que la Policía Federal fue creada para garantizar la seguridad, sin que intervenga la Marina y Ejército, pero actualmente no se ha consolidado esa corporación, “en la cual, con honrosas excepciones, hay falta de profesionalismo e integridad, lo mismo con las policías municipales, ministeriales y estatales”.
La Guardia Nacional, que se integrará a la Sedena, buscará resolver los vacíos legales para que las corporaciones armadas puedan tener funciones de vigilancia, así lo explicó Alfonso Durazo, futuro secretario de Seguridad Pública, quien reconoció que “sería desastroso retirar a las Fuerzas Armadas de la seguridad pública”.
En su primera intervención en público, el futuro secretario de la Defensa Nacional, que estará a cargo de la Guardia Nacional, Luis Cresencio Sandoval, detalló que esa instancia estará conformada por militares, miembros de la Policía Naval y de la Policía Federal, además se establece un plazo de tres años para que alcance el funcionamiento.
Derechos humanos. Entre las reformas que el nuevo gobierno propuso, en voz del próximo secretario de Seguridad, Alfonso Durazo Montaño, fue darle “dientes” a las comisiones de derechos humanos, para que sus recomendaciones no sean ignoradas por las autoridades hacia las cuales son emitidas.
“Se impulsará, por los medios legales disponibles, la liberación de quienes, sin haber cometido acciones violentas, se encuentren en prisión por motivaciones políticas, así como la extinción de imputaciones y causas penales originadas por la participación de los acusados en actos de resistencia legal y pacífica”, dice el plan.
Legalizar las drogas. El proyecto también incluye la creación del Consejo para la Construcción de la Paz y alejar a la política de drogas del prevaleciente enfoque prohibicionista.
Según el documento presentado, la prohibición de estupefacientes por parte del poder público “es ya —desde cualquier punto de vista— insostenible”.
La estrategia presentada ayer señala que “la alternativa inevitable es que el Estado renuncie a la pretensión de combatir las adicciones mediante la persecución de las sustancias que las generan”, y se dedique en una primera instancia a mantener bajo control las de quienes ya las padecen mediante un seguimiento clínico.
En suma, el nuevo enfoque de seguridad se centró, además de la participación militar, en desarrollo social, como el apoyo a los jóvenes con becas y trabajo que, de acuerdo con el presidente electo, atiende 80% de “las causas que originan la inseguridad y la violencia”.
