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Por la vía del fast track, en menos de 10 horas y con el voto mayoritario del PRI, Verde y Panal, la Cámara de Diputados avaló, en comisiones y en el pleno, el dictamen que crea la Ley de Seguridad Interior, que servirá de marco jurídico de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.
El dictamen que fue remitido al Senado para su análisis, alcanzó en el pleno, en lo general, 248 votos a favor, 115 en contra y 48 abstenciones. En lo particular obtuvo 215 a favor, 101 en contra y cuatro abstenciones.
Las fracciones del PRD, MC y Morena votaron mayoritariamente en contra de este proyecto al considerar que se autoriza una militarización del país, se le dan facultades sin control al Presidente de la República, es violatoria de los derechos humanos y criminalizará las manifestaciones sociales.
Las bancadas que se dividieron al votar fueron el PAN debido a que 14 de sus diputados votaron a favor; 17 en contra y 48 se abstuvieron; lo mismo pasó con el PES, porque cuatro de sus diputados votaron en pro y dos en contra. El perredista Waldo Fernández votó a favor.
El coordinador del PRI en San Lázaro, César Camacho, salió en defensa de este dictamen y aseguró que es legal y legítima, a pesar de los votos en contra de la oposición.
Contenido. El dictamen de la Ley de Seguridad Interior establece que la intervención de las Fuerzas Armadas en estados y municipios deberá tener temporalidad y no podrán excederse de un año, y podrá prorrogarse por decisión del Presidente si persiste la amenaza a la seguridad interior. Además, el apoyo a los estados estará sujeto a la colaboración de las entidades.
Un tema que provocó opiniones en contra fue si habría represión por parte del Ejército a las protestas sociales al considerarlas como una amenaza a la seguridad interior sin embargo, en este nuevo documento se incluyó, de manera expresa, la prohibición a que la Ley de Seguridad Interior fuera utilizada en manifestaciones sociales o políticas no violentas.
Se autoriza el uso legítimo de la fuerza y se prevé la utilización racional y proporcional de técnicas, tácticas, métodos, armamento y protocolos de sus elementos para controlar, repeler o neutralizar actos de resistencia, según sus características y modos de ejecución.
Prevé un artículo donde se explica que los actos realizados durante las intervenciones se deberá “preservar, en todo momento y sin excepción los derechos humanos y sus garantías”.
Las organizaciones de la sociedad civil se quejaron además porque el titular del Ejecutivo podrá ordenar acciones inmediatas a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, incluidas las Fuerzas Federales y Ejército.
Protestas. Desde muy temprano, integrantes del colectivo #SeguridadSinGuerra, como Catalina Pérez Correa y Alfredo Lecona, acudieron a la discusión en comisiones y además de que les gritaron a los legisladores “golpistas”, acusaron que no fueron escuchados por los diputados y alertaron que seguir dependiendo de las Fuerzas Armadas no va a fortalecer nuestras instituciones de seguridad pública; coadyuvará al desgaste de dos de las instituciones más importantes del país: el Ejército y la Marina. “Perpetuará la grave crisis institucional por la que atravesamos, y sólo contribuirá a que la Federación y los estados sigan incumpliendo con lo estipulado en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el SIDEPOL, así como los acuerdos del Consejo Nacional”. Por eso, señalan, impulsarán acciones
de inconstitucionalidad.
