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Organizaciones de derechos humanos y colectivos civiles celebraron la aprobación definitiva de la Ley de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares, que llevaba dos años discutiéndose en el Congreso.
La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) señaló en un comunicado que si esta ley se implementa de forma efectiva, ayudará “a sanar el dolor que aflige a las miles de víctimas y a sus familiares”.
Llamó a las autoridades a destinar los recursos necesarios para la implementación de esta ley: “Si bien el sufrimiento de las familias no es cuantificable, la voluntad del Estado mexicano para enfrentar el flagelo de la desaparición sí contará con referentes medibles”, indicó.
La ley, que establece penas de hasta 90 años de cárcel por el delito de desaparición forzada, fue aprobada con 394 votos a favor, sin votos en contra ni abstenciones, después de que el Senado le diera luz verde en abril. Ahora será enviada al Poder Ejecutivo para su promulgación.
“Esta nueva ley es un paso importante y es producto de una incansable labor de los colectivos de familiares de personas desaparecidas en el país”, manifestó en un comunicado Raquel Aguilera de Amnistía Internacional México.
“El marco existe, ahora debemos actuar sobre él para terminar con esta terrible práctica que ensombrece al país”, agregó tras exhortar también a destinar los recursos suficientes para aplicar la nueva ley.
La ley establece penas de 40 a 60 años de prisión por desaparición forzada, castigo que puede aumentar hasta en una mitad si la víctima pierde la vida, es migrante, menor de edad, mujer, discapacitado, periodista o defensor de los derechos humanos, entre otros.
Cuando se trate de desapariciones cometidas por particulares, como en el caso del crimen organizado, la pena será de 25 a 50 años de prisión.
Se crean un Sistema Nacional de búsqueda de personas con una Comisión Nacional, un Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas y fiscalías especializadas. Entre los objetivos está la homologación de datos forenses y registros para facilitar la búsqueda y localización.
“En el largo y desesperante camino de la búsqueda de nuestros seres queridos, reconocemos en la ley un instrumento perfectible, pero también necesario y urgente, como un primer paso para prevenir, erradicar, combatir y sancionar las desapariciones”, señaló el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos también celebró la aprobación de la esperada ley y reconoció el trabajo de los grupos de víctimas y familiares que impulsaron y aportaron a la elaboración de la misma en 2015, después de la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa.
