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La tortura sexual es cometida principalmente por elementos de la Policía Federal, el Ejército y la Secretaría de Marina, alertó el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), que documentó 29 casos en los que aseguró que hubo encubrimiento o participación directa de agentes de la Procuraduría General de la República (PGR), los cuales están en total impunidad.
La organización presentó hoy “Mujeres con la frente en alto. Informe sobre la tortura sexual en México y la respuesta del Estado”, en el que presenta un panorama de esta problemática en el país. Indicó que en los últimos cuatro años han tenido conocimiento de más de 110 casos de mujeres sujetas a procesos penales que dijeron haber sobrevivido a diversas formas de tortura sexual.
Para el informe retomaron la historia de 29 de ellas, quienes fueron privadas de la libertad al ser acusadas de haber cometido delitos que generan un alto rechazo social. Con base en sus testimonios confirmó que la tortura sexual es perpetrada con excesiva frecuencia por parte de las fuerzas de seguridad civiles y castrenses.
Tras el operativo en Atenco en 2006, mujeres denunciaron que fueron violadas por policías
“Instancias académicas y organizaciones de la sociedad civil han evidenciado que la recurrencia de la tortura sexual en mujeres es hasta cuatro veces mayor que en hombres; que ocurre sobre todo en los casos de mujeres detenidas y que es susceptible de ser cometida por las fuerzas de seguridad civiles o castrenses de los diferentes niveles de gobierno a lo largo de todo el país”, advirtió el Centro Prodh.
De acuerdo con la investigación, en 27 de los crímenes se utilizó la figura de la flagrancia para justificar la detención, sin un soporte probatorio. Las mujeres no fueron puestas a disposición de la autoridad de manera inmediata, las retenciones de mantuvieron entre seis y 72 horas.
Las detenciones en esos casos se registraron en 12 estados (Baja California, Sonora, Coahuila,. Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Ciudad de México, Quintana Roo, Estado de México, Guerrero, Michoacán y San Luis Potosí) y participaron elementos del Ejército, de la Secretaría de Marina, de policías federal, municipales y estatales, entre otros.
“En todos los casos documentamos encubrimiento o participación directa de agentes del Ministerio Público de la PGR, principalmente de SEIDO, respecto de los actos de detención arbitraria, retención prolongada e injustificada y tortura sexual”, afirmó el Centro Prodh en el informe.
Denunció que en ningún caso hay indicios de que se iniciara una investigación inmediata por el delito de tortura, a pesar de que las autoridades tenían conocimiento de los hechos. Además, alertó que estos crímenes permanecen en la impunidad, porque ninguno de los perpetradores ha sido responsabilizado.
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En el texto de 365 páginas se muestra que en 16 de los casos hubo violación, 12 de éstas fueron tumultuarias; mientras que en otros 11 la víctima fue amenazada con ese acto. Dos de las mujeres fueron violadas frente a sus familiares y las que estaban embarazadas también fueron amagadas con interrumpir deliberadamente la gestación.
En 28 de 29 casos las mujeres sufrieron abuso sexual, mediante tocamientos o fueron obligadas a desnudarse frente a sus agresores, además de que varias fueron fotografiadas o grabadas.
Asimismo, se registraron 10 actos de violencia dirigidos a zonas sexualizadas, en uno hubo mutilación genital, mientras que a las otras víctimas los agresores les aplicaron descargas eléctricas en vulva, vagina o pechos.
La organización manifestó que las mujeres también sufrieron golpes, asfixia, cortaduras, quemaduras, descargas eléctricas en otras partes del cuerpo, privación sensorial o de movimiento, amenazas de desaparición y muerte, hubo simulacros de ejecución y fueron obligadas a presenciar la tortura o la ejecución de alguien más.
“Me gustaría que mediante nuestros testimonios pueda darse a conocer la forma en cómo trabajan las autoridades, ya que somos muchas mujeres que hemos sido víctimas de tortura, mediante la cual las autoridades se valen para hacernos acusaciones y es importante que se sepa”, enfatizó Diana Lizeth Nery Aguilar, quien es una de las víctimas que compartió su historia en el informe.
Santiago Aguirre, subdirector del Centro Prodh, explicó que los 29 casos que documentaron no son aislados, por lo que el informe busca mostrar el patrón común de la tortura sexual que se registra en el país. En ese contexto, encontraron que todas las mujeres fueron acusadas de delitos con alta estigmatización social, lo que motivó que sus denuncias no fueran escuchadas.
Jan Jarab, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), dijo que el país “tiene que erradicar la tortura, acabar con el encubrimiento sistemático de la misma, tiene que acabar con la negación y con las estigmatización de las víctimas y de los defensores".
Layda Negrete, investigadora de World Justice Project, mencionó que “la tortura sexual no es una anécdota y no es una situación excepcional”, por lo que los estudios como el del Centro Prodh permiten conocer los estados en los que se registran más estos delitos, las autoridades que los cometen y añadió que si a una mujer se le acusa de estar vinculada con la delincuencia organizada tiene más probabilidad de sufrir este flagelo.
María del Sol V., es una de las mujeres que dio su testimonio para el informe. Ella relató que fue detenida en 2012 sin que le dijeran cuál era el cargo y desde ese momento cambió su vida por completo.
Ella pasó cinco años en prisión por un hecho que no cometió y destacó que incluso la calificaron de mentirosa por denunciar la tortura sexual de la que fue víctima. Hace poco más de un año quedó en libertad y afirma que le ha costado mucho recuperar su vida, “más cuando perdimos la confianza en las instituciones y los servidores públicos”.
cg
