Ciudad de México.- Las acciones de inconstitucionalidad promovidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en contra de las leyes que crearon la Guardia Nacional, tienen el objetivo de brindar certeza jurídica a quienes forman parte de ese cuerpo de seguridad y a los ciudadanos.
Así lo explicó Luis Raúl González Pérez, presidente de la CNDH , quien comentó que " debemos buscar la mayor certeza posible para los integrantes de la Guardia Nacional, como para la población con la que van a interactuar.
El ombudsman informó que la semana pasada acudió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) debido a que hay artículos "dubitativos" y poco claros en la Ley de la Guardia Nacional, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza y la Ley Nacional del Registro de Detenciones.
"Hay aspectos que son dubitativos, no dejan certeza jurídica y pueden dar pauta a cuestiones discrecionales", dijo González Pérez.
Puso el ejemplo de la Ley de la Guardia Nacional, donde se indica que ese cuerpo de seguridad debe auxiliar y coordinarse con el Instituto Nacional de Migración (INAMI):
"¿Cuáles son los alcances de esa coordinación? ¿En qué aspectos? ¿Coordinarse es solo un convenio? ¿O coordinarse es quién va a ser el que dirija las acciones en materia de migración?"
Dejó en claro que las acciones de inconstitucionalidad no impugnan las leyes en su totalidad, sino sólo algunos artículos específicos.
Por último, el presidente de la CNDH celebró que la Suprema Corte pueda revisar el contenido de las normas que regirán el funcionar de la Guardia Nacional.
"Qué importante es que estas leyes, que van a regular a una de las corporaciones que van a buscar darnos certeza de seguridad, participen los tres Poderes de la Unión: el Ejecutivo proponiendo las leyes, el Legislativo que ya las aprobó y ahora le pedimos al Poder Judicial que nos precise sobre la constitucionalidad o el alcance de algunos artículos".