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Lo ocurrido el pasado fin de semana en La Huacana, Michoacán, donde 11 militares fueron retenidos por pobladores, es otro de los muchos antecedentes que existen en diversas regiones del país en las cuales grupos criminales utilizan a mujeres, niños y ancianos como “escudo humano”, afirmó la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
En Michoacán, la dependencia señaló que enviar a grupos vulnerables para restringir la acción de la justicia y la presencia de las autoridades es una práctica común de las autodefensas, de Los Viagras y del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que se disputan el control de las actividades ilícitas en la entidad.
La institución señaló que a partir de 2013 las autodefensas tuvieron una gran influencia en la Tierra Caliente de Michoacán, donde se autorizó que registraran armamento.
“Michoacán no es la única entidad donde sus pobladores agreden a la autoridad; [por el] huachicoleo también en el Estado de México, Hidalgo y Puebla”, recordó la Sedena.
Sobre los hechos ocurridos el pasado domingo en La Huacana, la Sedena informó que los soldados fueron agredidos a balazos por civiles armados en dos ocasiones cuando recorrían la comunidad de Cuimbo, en donde aseguraron cuatro armas largas y cargadores.
Posteriormente, al reincorporarse el personal militar a su unidad y pasar por el centro de la cabecera municipal de La Huacana, la población, incluyendo mujeres y niños, bloqueó la circulación, y agredió física y verbalmente a los soldados, reteniendo a un grupo de 11 militares.
El experto en seguridad Jorge Alberto Lara Rivera dijo que uno de los efectos de las agresiones a militares y policías por la población civil es el debilitamiento de la autoridad: “Vemos que hay un esquema de debilidad de nuestro tejido de autoridades, un debilitamiento que, además, pudo haber sido producto de órdenes superiores”, dijo.
Calificó de acertada la actuación del Ejército en La Huacana, al señalar que los militares evitaron que la situación pasara a mayores.
“Lo más lamentable sería que después de este episodio nadie fuese llamado a cuentas; me parece que el caso nos indigna, pero nos debería indignar aún más que no haya una consecuencia jurídica y que estas personas no sean presentadas ante un juez para responder por los delitos que, de manera abierta, cometieron”, mencionó.
El especialista en Fuerzas Armadas Javier Oliva afirmó que los grupos criminales están utilizando cada vez más a la población civil para confrontar a las fuerzas federales, lo que “habla de la profundidad de la crisis moral que se está viviendo en varias partes del país”.
Refirió que al estar recurriendo a este tipo de prácticas, los grupos criminales “podrían ocasionar una tragedia, esperemos que no suceda, pero así está planteada la situación y la diversificación de las actividades ilícitas. Exponer a grupos vulnerables indica que estamos ante personas que no se tientan el corazón”.
Para Martín Barrón, investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), las agresiones de la población civil contra militares seguirán mientras las Fuerzas Armadas continúen en las calles realizando labores de seguridad pública.
“No es algo nuevo, ya ha habido otros eventos, pero aquí el problema es que esto ya se volvió frecuente, porque ya está exponiendo demasiado a los militares”, comentó.
Aseguró que el gobierno federal debe sortear las consecuencias de estas agresiones.
