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La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ( CNDH ) dirigió una recomendación a José Antonio Gali Fayad, gobernador de Puebla , y a los integrantes del ayuntamiento de Ajalpan, por la actuación de las autoridades en el linchamiento dos hermanos que realizaban encuestas.
La comisión recordó que el 19 de octubre de 2015 , ambos hermanos realizaban un estudio de los hábitos de compra y consumo de tortilla de maíz en el municipio de Ajalpan , actividad que resultó sospechosa para un grupo de personas, quienes solicitaron la presencia de la policía municipal. Sin embargo, la actitud de los pobladores se tornó violenta y manifestaron su intención de lincharlos , por lo que los jóvenes fueron trasladados en una patrulla a la comandancia que se encuentra en el palacio municipal, donde esperaron el arribo del supervisor de la compañía.
Se esparció el rumor de que los jóvenes eran “secuestradores de niños” , lo que provocó que la turba ingresara a la comandancia en busca de los hermanos, que fueron llevados por los policías a la azotea, hasta donde llegaron los pobladores quienes los bajaron para golpearlos y, finalmente, prenderles fuego.
Durante la gresca también resultaron policías lesionados, hubo robo de armamento oficial y daños a la Presidencia Municipal.
El organismo detalló que al día siguiente, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla inició de oficio el expediente 6531/2015 por estos hechos y debido a la trascendencia del hecho, la CNDH ejerció la facultad de atracción.
Tras concluir su investigación, la Comisión Nacional de Derechos Humanos constató la omisión de la autoridad municipal ya que no solicitó apoyo a corporaciones de seguridad pública de municipios aledaños ni a la policía estatal, desde el momento en que tuvo conocimiento de la aglomeración de los vecinos al exterior de la comandancia para linchar a los dos hombres.
“Además de no adoptar a tiempo las medidas necesarias y pertinentes para la protección de las víctimas , permitiendo el ingreso y permanencia en las instalaciones municipales de personas que alteraron el orden público, lo que trajo como resultado la pérdida de dos vidas, también se acreditó la actuación omisa del presidente municipal de Ajalpan, quien fue enterado oportunamente de la situación, y pese a que se encontraba a 10 minutos del lugar, se presentó cuatro horas después”, agregó.
La CNDH documentó que al arribo de la policía estatal a la presidencia de ese municipio, uno de los jóvenes se encontraba con vida, y al ser agredidos y replegados por la multitud, los elementos estatales no realizaron mayores acciones para el rescate de la víctima , además que este hecho también fue del conocimiento de un delegado distrital de la Secretaría General de Gobierno de Puebla, sin que diera cumplimiento a las disposiciones del «Protocolo para la búsqueda de soluciones pacíficas, el diálogo y el respeto de los derechos humanos» .
Eventos de linchamientos anteriores, señaló la CNDH, eran del conocimiento del ayuntamiento de Ajalpan y de las Secretarías de Seguridad Pública y General de Gobierno del Estado, como integrantes del Sistema Estatal de Seguridad Pública, debido a que información oficial en los últimos cuatro años se reportaron en el estado 16 intentos de linchamientos , en los cuales se rescató con vida a 21 personas y 6 más fallecieron.
“Pese a ello, ninguna de esas autoridades adoptó medidas para su prevención o protocolos de actuación para evitar la consumación del hecho, a pesar de que contaban con antecedentes y suficiente información de tal índole, lo cual acredita la responsabilidad por falta de prevención y protección en casos de linchamientos”, indicó.
La Comisión Nacional encontró que, con la omisión de actuación de las autoridades, en ese linchamiento se violaron los derechos humanos a la seguridad jurídica y a la vida de las víctimas.
Con base a esto, la Comisión solicitó al gobernador de Puebla y al ayuntamiento de Ajalpan realizar la inscripción de los familiares de las víctimas en el Registro Nacional de Víctimas, a fin de que accedan en lo conducente a la reparación integral del daño; colaborar con el seguimiento de las denuncias y quejas que se presenten ante la Secretaría General del Congreso del Estado, la Fiscalía General, la Secretaría de la Contraloría, la Dirección de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública y la Contraloría Municipal de Ajalpan, contra los servidores públicos que intervinieron en los hechos.
También deberán de llevar a cabo el estudio, actualización y publicación del “Protocolo para la búsqueda de soluciones pacíficas, el diálogo y el respeto de los derechos”, y del Bando de Policía y gobierno de Ajalpan.
Además, tendrán que realizar un diagnóstico de la operatividad del Centro Coordinador de Seguridad Pública y del Servicio de Llamadas de Emergencia del Estado, y ejecutar las propuestas que del mismo se deriven; capacitar en materia de derechos humanos y mediación a funcionarios municipales y estatales , a partir del estudio de casos de linchamiento y efectuar dos jornadas de cultura de la legalidad y justicia, para lo cual se deberán hacer partícipes a los medios de comunicación.
La CNDH recomendó de manera particular al gobernador constituir un fideicomiso que garantice los estudios hasta el nivel superior de los hijos de una de las víctimas, incluyendo la entrega de uniformes y útiles escolares, y en coordinación con el Congreso del estado, iniciar los trabajos legislativos para armonizar la Ley de Protección a las Víctimas para el estado de Puebla con la Ley General de Víctimas, la publicación de su reglamento en el Periódico Oficial del Estado, y poner en operación la Comisión Estatal de Víctimas y los Fondos de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral de Víctimas del Delito y de Violaciones a los Derechos Humanos.
Finalmente, la Comisión Nacional de Derechos Humanos estimó pertinente dar vista de esta recomendación a la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), “para que en el marco de sus atribuciones se adopten acciones y medidas para prevenir casos de linchamientos, protocolos de actuación para las instancias de seguridad pública y la capacitación de servidores públicos en el diálogo y la mediación ante este tipo de eventos”.
ahc
