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La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) señaló que la solicitud de juicio político para un juez, por parte de la Secretaría de Gobernación (Segob), no puede ser utilizado como un mecanismo al servicio del gobierno en turno para controlar o acechar al Poder Judicial.
En un pronunciamiento firmado por el magistrado Daniel Sánchez, director nacional de la Jufed, e integrantes del organismo, se subrayó que constituye un atentado a la garantía de independencia judicial de los juzgadores.
Lo anterior, luego de que la Segob presentó ante la Cámara de Diputados una denuncia de juicio político en contra de Crescencio Contreras Martínez, juez de Distrito Especializado en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio en Tamaulipas.
De acuerdo a Gobernación, el juez probablemente actuó favoreciendo a integrantes de grupos criminales que operan en la frontera norte del país, y a través de las cuales se fomenta la impunidad y se niega el derecho a la justicia.
En la denuncia se destaca la liberación de sujetos pertenecientes a un grupo criminal presuntamente vinculado con el secuestro de 31 migrantes en Tamaulipas el pasado 30 de diciembre y también a otros actos relacionados con la delincuencia organizada como el tráfico de fentanilo, posesión de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército y cohecho.
En respuesta, la Jufed precisó que en el órgano jurisdiccional se radicó una causa penal en contra de una persona, por la cual la Fiscalía General de la República (FGR) en atención a una técnica de investigación solicitada, un juzgador libró una orden de cateo para tres inmuebles, y en uno de ellos se localizaron dos armas de fuego largas y 257.8 gramos de clorhidrato de cocaína, sin que existiera persona detenida al momento de su ejecución.
La Jufed refirió que los argumentos y datos de prueba de la defensa desvirtuaron los de la FGR, que fue una licencia de conducir encontrada en el domicilio cateado y que resultó ser apócrifa.
Aseguró que la actuación del juez fue apegada a la ley y la resolución favorable al imputado.
