La Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación hizo un llamado a la Fiscalía General de la República ( FGR ) y al Poder Judicial de la Federación para que se garantice el acceso a la justicia en el caso en el que perdió la vida el joven Angel Yael Ignacio Rangel y en el que resultó herida Edith Alejandra Carrillo Franco, en el estado de Guanajuato, durante una intervención de la Guardia Nacional (GN).
La Subsecretaría que encabeza Alejandro Encinas , aseguró que a través de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas ( CEAV ) asumirá con toda firmeza la representación de las víctimas en el marco de sus atribuciones y se impugnará toda resolución que vaya en detrimento de sus derechos humanos .
"Conminamos a las autoridades competentes e involucradas, intensifiquen sus esfuerzos para la localización, detención y presentación de todos los elementos de Guardia Nacional que presuntamente estén implicados en los hechos", expresó en un comunicado.
La Subsecretaria expresó que en este caso y en todos los demás se deben de ejercer las acciones para que ninguna violación a derechos humanos quede impune. "Al margen de la ley nada, por encima de la ley nadie", advirtió.
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La Guardia Nacional es rechazada por la familia de Ángel Yael
La familia del joven Ángel Yael Ignacio Rangel, estudiante de la Universidad de Guanajuato asesinado por un elemento de la Guardia Nacional el pasado 27 de abril, rechazó reunirse con la corporación.
En una carta publicada por la casa de estudios en sus redes sociales, los padres del joven de 19 años explicaron que la negativa del encuentro se debe a la liberación del agente de la Guardia Nacional señalado de disparar contra su hijo y que le causó la muerte.
"Esta resolución es indignante. Exigimos justicia, la muerte de Ángel no puede quedar impune. Pedimos que su caso sea el inicio de un camino distinto, que esras historias dejen de ser cotidianas, basta de vivir acostumbrados a estas injusticias", escribieron.
ardm