Más Información
SEGUNDA DE DOS PARTES
En 12 años, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) realizó 851 obras civiles y militares en las que ejerció 33 mil 681.7 millones de pesos mediante un modelo de contratación llamado administración directa, el cual evade la licitación pública con altos niveles de opacidad y es el mismo con el que se construye el aeropuerto en Santa Lucía.
En los sexenios de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, diversas dependencias federales, gobiernos de los estados y hasta el Poder Judicial firmaron convenios de colaboración con la Sedena en los que quedó estipulado el monto que aportaría cada uno a la milicia para la realización de las obras.
Una vez que la Sedena recibió los recursos, contrató mediante adjudicación directa o invitación a tres personas a cientos de empresas que fungieron como proveedores en los proyectos, en un proceso opaco y de desaseo en los contratos.
La Defensa informó a EL UNIVERSAL que está analizando la información publicada en la primera parte de este trabajo y que en su momento tomará las medidas conducentes.
También lee: Sedena denuncia página web apócrifa que anunciaba subastas
La administración directa es una modalidad que contempla la Ley de Obras Públicas para que las dependencias puedan realizar trabajos entre sí tras la firma de un convenio y sin recurrir a contratos con particulares por medio de licitaciones.
En la mayoría de las obras realizadas bajo este esquema, la Defensa Nacional no ha tenido que difundir en su portal de obligaciones de transparencia los convenios firmados con las dependencias y tampoco los contratos con los proveedores, al argumentar que los recursos utilizados no son parte de su ejercicio presupuestario.
Esto ha permitido que en las 851 obras ejecutadas por la secretaría en 12 años vía administración directa la dependencia no ha tenido que transparentar los nombres de los participantes, los dictámenes, fallos de participación ni los informes de avance físico y financiero de las construcciones.
Para este reportaje se solicitó información respecto a un centenar de obras, pero únicamente se consiguió documentación sobre 17.
Cuando se solicitó a las dependencias o estados un listado de los proveedores contratados en cada una de las obras, argumentaron que no contaban con esa información porque sólo se limitaron a transferir los recursos y la forma en que el dinero se ejercía le competía a la Sedena.
Por su parte, la secretaría se negó en un principio a brindar el listado de proveedores contratados, pero en 17 casos cedió ante las resoluciones del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), el cual le ordenó brindar la documentación contable y administrativa de las obras.
Tras revisar la información contable de dichas obras, se constató que una vez que las dependencias le entregaron los recursos a la Sedena ésta firmó 160 contratos por adjudicación directa e invitación a tres personas con los proveedores de los insumos que le ayudaron a desarrollar los trabajos, sujetándose a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
Cuatro estados —Durango, Baja California Sur, Nuevo León y Quintana Roo— no entregaron el convenio de colaboración y declararon toda la información como reservada porque, indicaron, divulgarla podría poner en riesgo la seguridad nacional.
Un esquema de opacidad
En los contratos firmados por la Defensa con los proveedores que usó en 17 obras por administración directa se encontró que gran parte de ellos son personas físicas, cuyos nombres se niega a transparentar argumentando que son datos personales.
En la construcción del centro de salud en Paredón, municipio de Tonalá, Chiapas, 60% de los 28 contratos se otorgaron a personas físicas con actividad empresarial. En los documentos entregados vía transparencia, la dependencia tachó el nombre y la clave RFC del proveedor.
Otros archivos presentan errores. En 20 de los 47 contratos asignados en la construcción del Hospital Especializado de la Mujer Oaxaqueña en 2018 se encontró que presentan folios y fechas repetidas en el registro de inscripción de las compañías al RFC.
En la misma obra, la Sedena firmó un contrato con la compañía Cosamed el 10 de septiembre de 2018; sin embargo, en los antecedentes que brinda el proveedor en el mismo documento se menciona que ésta se inscribió al RFC el 14 de septiembre de 2018.
Este desaseo en los procedimientos de contratación ya ha sido alertado por los órganos internos de control de la Sedena. En la adecuación del hangar presidencial, la Comisión Auditora dejó asentado que no se le presentaron 11 contratos por adjudicación directa y que se detectaron pagos en efectivo.
Además, en el proceso de contratación de 16 proveedores no se contó con la intervención de la Contraloría del Ejército. Al final se recomendó a la Sedena impartir un curso en materia de adquisiciones al personal encargado de realizar los contratos.
Este desaseo puede ser ocasionado por la urgencia que tiene la Sedena por concluir las obras, explica un proveedor que trabajó por más de 10 años en los proyectos por administración directa y que pidió omitir su nombre.
Explica que muchos de los proveedores utilizados no están en el padrón porque son personas contratadas eventualmente para la obra: electricistas o plomeros que llegan a prestar sus servicios y que ni siquiera estaban inscritos en Hacienda o propietarios de destartalados negocios que nunca le habían vendido al gobierno.
Incumplimientos a la ley de obras
El artículo 70 de la ley de obras establece que en la ejecución de los trabajos por administración directa bajo ninguna circunstancia podrán participar terceros; sin embargo, en los documentos se encontró que la Sedena ha subcontratado a empresas para trabajos de ingeniería, planeación, diseño, control de calidad y estudios ambientales.
En otra obra contrató a una persona física para que suministrara y colocara malla metálica galvanizada, mientras que en la conservación del vivero Coyoacán pagaron cerca de medio millón de pesos para el retiro de escombro.
En la modernización de un camino rural entre Ayutla y Colotlipa, en Guerrero, ejecutada en 2014, la Sedena realizó contrataciones con 16 empresas por cerca de 121 millones de pesos. De ese total, 57 % de los recursos se destinaron sólo a renta de maquinaria.
En otra obra encargada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en 2016, la Sedena contrató insumos y maquinaria por 150 millones de pesos; 47% de estos recursos se fueron a un solo proveedor: Ángel Velasco López, a quien se le adjudicaron 70.7 millones de pesos a través de cinco contratos por adjudicación directa e invitación a tres personas.
