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La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) no justificó la necesidad de trasladar el avión presidencial a Estados Unidos y de contratar los servicios de preservación, resguardo y almacenaje en dicho país, en lugar de hacerlo en México.
Así lo afirmó la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la tercera entrega de su informe de la Cuenta Pública 2019, en la que revisó la adjudicación directa del contrato que celebró el gobierno federal con la firma estadounidense The Boeing Company, para enviar el avión presidencial a dicho país e iniciar el proceso de comercialización.
Según el documento, aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador decidió no utilizar el avión y dar por terminado, de manera anticipada, el contrato a 15 años por el que se adquirió en 2012, México todavía tiene que pagar 3 mil 149 millones 662 mil 200 pesos por la aeronave en el periodo 2020-2027.
“El monto estimado por pagar el proyecto de inversión 12071320003 para el periodo de 2020 a 2027 ascenderá a 3 mil 149 millones 662 mil pesos, al considerar un pago por capital e IVA por 2 mil 351 millones 969.6 mil pesos y 797 millones 692.6 mil pesos para cubrir los intereses generados”, advirtió la ASF.
Luego de que el 3 de diciembre de 2018 el presidente López Obrador ordenara el traslado del avión presidencial al aeropuerto de Victorville, California, The Boeing Company recibió un contrato con el gobierno federal por adjudicación directa para el “Servicio de Preservación y Retorno a Servicio de la Aeronave Boeing 787-8”, para el que se destinó un presupuesto máximo de 29 millones 500 mil pesos.
Sin embargo, la ASF observó que en el instrumento jurídico no se incluyó el costo que tendrán las refacciones, componentes, consumibles y servicios de terceros y equipo rentado para la conservación del avión, por lo que el costo de mantenerlo en el aeropuerto californiano se puede incrementar aún más.
Además, señaló que la Sedena no presentó documentos sobre la elaboración de un estudio de costo-beneficio mediante el que se acreditara que resultaba conveniente el traslado del avión.
“La Sedena no presentó evidencia documental de la elaboración de un estudio de costo- beneficio, mediante el cual se acreditara que resultaba conveniente el traslado de la aeronave presidencial TP01 para su preservación, resguardo y almacenaje fuera del país, en lugar de contratar los servicios de preservación y mantenimiento para prestarse en las instalaciones del Hangar Presidencial, ubicado en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y, con ello, evitar cubrir servicios de almacenaje y estacionamiento, y que la citada aeronave permaneciera a la intemperie”, indica el documento de la ASF.
