En la presente administración, del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2022, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) aseguraron 114 millones 304 mil 756 litros de combustible. Ello representa un promedio de 4 millones 762 mil 698 litros de huachicol incautados cada bimestre.
En tanto, en el primer bimestre de 2023, los uniformados aseguraron sólo 194 mil 872 litros, lo que refleja una disminución en litros de combustible de 4 millones 567 mil 826, de acuerdo con una solicitud de información realizada por EL UNIVERSAL.
Los registros detallan que del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 se incautaron 3 millones 726 mil 404 litros; en 2020, 2 millones 343 mil 77; en 2021, 104 millones 864 mil 518 y en 2022, 3 millones 370 mil 757.
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En los primeros cuatro años de este sexenio, las entidades con mayor número de litros asegurados son Veracruz, con 50 millones 683 mil 226 litros; Sonora, 22 millones 796 mil 979; Puebla, 17 millones 894 mil 846; Chihuahua, 9 millones 826 mil 867 y Nuevo León, 4 millones 817 mil 918 litros.
En el primer bimestre de 2023, los estados con las mayores cifras de incautaciones son Hidalgo, con 85 mil 450 litros; Guanajuato, 70 mil 700; Estado de México, 15 mil 820; Jalisco, 14 mil 992 y Nuevo León, 5 mil.
En la respuesta a la solicitud, la Sedena enfatizó que en torno a este ilícito, desde el 7 de enero de 2019 hasta la fecha, por instrucciones del gobierno federal, se puso en ejecución el Plan Conjunto del Gobierno de México para Combatir el Robo de Hidrocarburos de Pemex.
La dependencia informó que los uniformados únicamente llevan a cabo aseguramientos en casos de flagrancia delictiva, poniendo lo asegurado a disposición de las autoridades ministerial correspondiente.
Mario Sánchez Cruz, director de la consultoría Strattia, dedicada al análisis de riesgos en temas de seguridad y política, resalta que una de las hipótesis por la disminución en el aseguramiento de combustible es que cada vez hay se le dan más atribuciones al Ejército que no son inherentes a su función.
Además, se destinaron mayores elementos militares a los proyectos prioritarios, como la construcción del Tren Maya, lo que restó fuerza operativa.
“Otra hipótesis es que la noción del gobierno federal es la no confrontación con los grupos criminales, lo que provoca que no se realicen decomisos. Están dando prioridad a otro tipo de tareas: el Ejército tiene un papel preponderante en esta administración”, refiere.
El analista comenta que en el aspecto político la disminución en los reportes puede seguir la línea de evitar confrontaciones con los criminales en el margen de la política de abrazos, no balazos, y las incautaciones que se presentan son coyunturales.
Fluvio Ruiz Alarcón, analista del sector petrolero y exconsejero profesional de Petróleos Mexicanos (Pemex), señala que dentro de las cuestiones operativas pareciera que empieza a agotarse la eficacia de la estrategia de combate al robo de combustibles.
“Mientras que el robo que reporta Pemex ha crecido, el aseguramiento ha bajado; es un elemento que abona en la necesidad de revisar la estrategia, ver dónde está el eslabón débil.
“En 2019 hubo una coordinación entre los diferentes organismos de seguridad y hay que revisar la estrategia, la implementación de las medidas cotidianas en contra del huachicoleo”, subraya el especialista.
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