El secretario de la Función Pública, Roberto Salcedo Aquino, destacó que al 30 de septiembre de 2023, la dependencia a su cargo ha registrado 1,580 procedimientos de responsabilidades administrativas graves, de las cuales el 49% de los expedientes fueron remitidos al Tribunal Federal de Justicia Administrativa para su resolución.
Al comparecer ante las Comisiones Unidas de Transparencia y Corrupción, y la de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en la Cámara de Diputados, el funcionario federal explicó que en el mismo periodo, se emitieron 250 resoluciones sancionatorias a proveedores y contratistas que infringieron la normativa en materia de adquisiciones y de obra pública; “de ese número, se impusieron multas que ascendieron a 1,102 mdp y 173 inhabilitaciones”.
También, detalló, se presentaron 99 denuncias penales de octubre de 2022 a septiembre de 2023, asociadas principalmente con enriquecimiento ilícito; ejercicio ilícito del servicio público; peculado; abuso de autoridad; uso ilícito de atribuciones.
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“Diputadas y diputados, hemos actuado con pasión y con pleno ejercicio de nuestras facultades para proteger la riqueza nacional, engrandecerla y cuidar los recursos que pertenecen a la sociedad, a la cual tenemos el privilegio de servir. El enfoque que hemos privilegiado para combatir la corrupción es eminentemente preventivo y se sustenta primordialmente en el fortalecimiento del control interno, el arraigo de la ética pública, el seguimiento de la evolución patrimonial de los servidores públicos”, concluyó.
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