Propietarios del Ejido “El Bajío” en Caborca, Sonora, denunciaron ante diputados, el despojo de sus tierras por parte de la empresa minera Penmont, las cuales han sido utilizadas para la explotación de oro y plata.
En reunión con legisladoras y legisladores exigieron al presidente Andrés Manuel López Obrador dar solución al conflicto que se ha prolongado por más de dos décadas, así como la devolución de los recursos generados por la explotación.
A nombre de los ejidatarios, los apoderados legales y asesores jurídicos Rubén Olivares y Williardo De la Cruz, de las familias Cruz Pérez, Cruz López y Cruz Figueroa, señalaron que Alejandrina Gámez Rey, magistrada titular Tribunal Unitario Agrario Del Distrito 28 con sede en Hermosillo, Sonora, ha incumplido con las sentencias y excitativas del Tribunal Superior Agrario para devolverles las casi 2 mil hectáreas de las que fueron despojados hace 20 años.
En entrevista en la Cámara de Diputados, expusieron que dicha magistrada ha actuado con dolo y en contubernio para beneficiar a la Minera Penmont, ya que el 16 de octubre del 2023 desacató a la excitativa de justicia 165/2023 emitida por el Tribunal Superior Agrario.
“Estamos a cinco meses de que concluya su mandato el actual Presidente y esperamos que cumpla con sus promesa de terminar con los casos de corrupción judicial, en este caso de una magistrada agraria, que en contubernio con el comisariado ejidal, Jesús Javier Thomas González y autoridades de las delegaciones en Sonora de Semarnat, Profepa y Registro Agrario Nacional, están protegiendo a la citada minera.
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Denunciaron que la magistrada ha dado validez a actos jurídicos simulados por parte del citado comisariado ejidal, lo cual ha frenado que se dé la restitución de tierras que fue ordenada desde 2011.
“La sentencia 188/2009, de fecha 14 de noviembre del 2011, en donde condenó al Ejido el Bajío, representado por el comisariado ejidal, declarando nulos de pleno derecho, y por tanto inexistentes los acuerdos tomados en las asambleas de ejidatarios”, señalaron.
Asimismo, aseguraron que la resolución de la sentencia establece que deben ser indemnizados, lo que se traduce en derechos que se están socavados.
“Lo queremos decir con mucha claridad y con las pruebas legales en la mano, los únicos titulares de derechos sobre las tierras de uso común, y la condena a la minera Penmont a pagar todos los productos y aprovechamientos que obtuvo durante el tiempo que estuvo y este en posesión de dichas tierras, en favor de sus dueños originales y avalados por fallos judiciales”, concluyeron.
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