Más Información
La Secretaría de Relaciones Exteriores señaló que tras la demanda interpuesta contra miembros de la industria de comercio de armas en Estados Unidos era de esperarse que éstos trataran de deslindarse; sin embargo, la dependencia a cargo de Marcelo Ebrard aseguró que “en el litigio se probará que las empresas demandadas incurren en prácticas ilícitas y negligentes.
“Se esperaba que tratarían de litigar el asunto en medios y no en cortes, donde ante un juez se tendrá que valorar la evidencia que existe actualmente. La Corte conocerá los hechos y las evidencias, no los mensajes superficiales que pretenden legitimar su enriquecimiento desmedido a costa de la muerte de cientos de personas”, señaló la dependencia a través de un comunicado.
La secretaría detalló que entre 70% y 90% de las armas recuperadas en las escenas del crimen en México fueron traficadas desde Estados Unidos.
La Cancillería recordó que desde el año 2001 el gobierno federal de Estados Unidos ya había solicitado a los demandados monitorear, supervisar y establecer condiciones razonables en sus sistemas de distribución para evitar el suministro de armas a criminales, pero los demandados se negaron.
“El demandado Smith & Wesson llegó a un acuerdo de conciliación con el gobierno federal de Estados Unidos y varias ciudades de Estados Unidos, comprometiéndose a reformas específicas de su sistema de distribución, diseñadas para evitar el suministro de armas al mercado criminal. Bajo la presión de otros en la industria, Smith & Wesson incumplió el acuerdo”, puntualiza el informe de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
El gobierno mexicano detalló que la Suprema Corte de Estados Unidos reconoce que un gobierno extranjero puede demandar en cortes estadounidenses: “Esta demanda es respetuosa de la legislación de ese país y no pretende atentar contra la segunda enmienda de la Constitución de Estados Unidos”, aseveró.
La demanda, afirmó la Cancillería, “lo que busca es un comercio responsable en donde si en verdad las empresas demandadas se rigieran por la ley tendrían prácticas comerciales más estrictas”.
