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Las acusaciones por las que tres presidentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) han identificado como “foco rojo” a juzgadores federales del estado de Jalisco van desde irregularidades menores hasta actos de corrupción que provocaron la destitución de algunos funcionarios.
Un ejemplo de ello fue el caso del juez Primero de Distrito en Materia Administrativa con sede en Guadalajara, Jalisco, Luis Alberto Ibarra Navarrete, a quien en julio de 2011 el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), entonces presidido por el ministro en retiro Juan Silva, ordenó destituir por nepotismo, malos tratos a sus subordinados y distracción de recursos.
Según la resolución del CJF, el juez permitió que su secretario particular fuera suplantado por uno de sus hermanos; puso a personal bajo su mando a elaborar los recursos legales para impugnar el cambio de adscripción de su hermana, quien era magistrada de la Primera Sala del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
Además, los consejeros indicaron que el juez mostró “notoria falta de interés y profesionalismo” al delegar sus funciones en secretarios y actuarios a su cargo para salir temprano de trabajar.
El CJF también documentó que el juez Ibarra Navarrete propinó malos tratos y amenazas en contra de sus compañeros de juzgado, lo que provocó una carga inequitativa de trabajo.
A pesar de esto, en junio de 2015 el juzgador logró reventir la sanción y el pleno de la Corte ordenó al CJF pagarle los 51 meses de salarios caídos, equivalentes a casi 10 millones de pesos, y su restitución al puesto. Hoy se desempeña como juez Octavo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México.
Uno de los expedientes consultados por EL UNIVERSAL en el recuento de los recursos de revisión contra las readscripciones o sanciones contra juzgadores de Jalisco es el de un magistrado del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil con residencia en Zapopan, Jalisco.
El funcionario fue readscrito el 22 de octubre de 2014 al Segundo Tribunal Colegiado del Centro Auxiliar de la Quinta Región con residencia en Culiacán, Sinaloa, sin embargo, el jurista fue suspendido de su cargo sin goce de sueldo porque se inició en su contra una investigación por actos de corrupción.
El CJF señaló al juzgador, que entonces contaba con 42 años de experiencia, por obtener y/o hacer uso de recursos financieros distintos a los que por razón de su cargo público le correspondían, y no declaró todos sus ingresos entre 2007 y 2010.
En 2015, el ex juez Sexto de Distrito Penal de Jalisco, con residencia en Puente Grande, fue destituido por el CJF luego de haber sido señalado por acoso sexual.
Según el recurso de revisión 121/2015, en el que el 17 de octubre de 2017 el pleno de la Corte confirmó la orden de destitución, el ex juzgador fue denunciado por masturbarse delante de una de sus subordinadas. La plática en la que ocurrieron los hechos denunciados por la víctima fue grabada por la misma y entregada al CJF.
Como respuesta a esto el entonces juzgador indicó al Consejo que había detectado algunas irregularidades en el actuar de su denunciante, por lo que los consejeros ordenaron una visita extraordinaria al juzgado. El visitador constató que el juez realizaba comentarios sexuales a las mujeres del juzgado, razón por la que fue destituido.
