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Luego de que un Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito declaró inválida la sentencia de 45 años de prisión que Mario Aburto Martínez recibió en diciembre de 1994 por el asesinato del candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio Murrieta, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) consideró que se trata de un paso más para lograr la verdad y la justicia.
Resaltó que en la recomendación 48VG/2021 está asentado que en el caso se registraron irregularidades, omisiones, encubrimientos y que tarde o temprano deberán ser plenamente esclarecidos.
El organismo autónomo destacó que no se establecieron las razones para que, en su momento, el caso fuera analizado en el fuero federal y se confirman también las violaciones a derechos humanos cometidas en contra de Aburto y su familia.
“Conforme a lo asentado en la sentencia, es relevante mencionar la disposición hecha por el Tribunal Colegiado para agilizar la investigación de la denuncia por tortura presentada por Mario Aburto hace 29 años, así como su consideración sobre la posible fabricación de pruebas en contra suya, que aun cuando en este último caso reconoce que no es el tema central del nuevo estudio de la sentencia que deberá emitirse, abre la posibilidad de que, al fin, tengamos claridad sobre lo que ocurrió el 23 de marzo de 1994”, señaló la CNDH.
La comisión enfatizó, además, que seguirá trabajando por el cumplimiento total de la recomendación 48VG/2021, y velando por la seguridad e integridad de las víctimas en ella reconocidas.
También solicitó al director del Centro Federal de Readaptación Social No. 12, en Ocampo, Guanajuato, la emisión de medidas cautelares en protección de Aburto Martínez hasta tanto no se dé el cumplimiento de dicha resolución.
“Este organismo autónomo permanecerá atento del cumplimiento del fallo emitido por el tribunal, y no cejará en su empeño en lograr que la verdad y la justicia sean restituidas a Mario Aburto y a su familia y todo el pueblo de México”, refirió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Respecto a las declaraciones del abogado de Aburto, Jesús González Schmal, quien se desempeñó en la CNDH como coordinador del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y ha descalificado el trabajo del organismo por no haber interpuesto amparos y no litigar en el proceso del imputado, la comisión lamentó su falta de ética y desconocimiento de la normativa interna, así como de la reserva que todo funcionario público debe dar a casos que involucran la vida e integridad de las víctimas.
En la recomendación 48VG/2021, Mario Aburto Martínez manifestó que el 23 de marzo de 1994, después de haber salido de su trabajo en una maquiladora, en la delegación Mesa de Otay, en Tijuana, Baja California, acudió a una reunión política y por una confusión fue injustamente detenido junto a otra persona parecida a él.
“Un comandante de la entonces Procuraduría General de la República que pertenecía a uno de los cárteles más fuertes del narcotráfico (…) alteró pruebas y evidencias en el lugar de los hechos para hacerme pasar como el verdadero culpable y por eso fue torturada mi mamá y mis hermanitas menores de edad y mi hermano menor. Fui torturado hasta el cansancio”, expresó Aburto Martínez.
