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La decisión del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) de entregar al Senado las listas de plazas de jueces y magistrados federales, desacatando al menos 70 suspensiones judiciales que ordenaban frenar la reforma en la materia, fracturó al Poder Judicial de la Federación (PJF) en un momento en que la aplicación de la reforma estaba atorada por el desaseo legislativo.
Mientras la cúpula del PJF destrabó la reforma judicial, magistrados y jueces expresaron su enérgico rechazo a la determinación tomada por los consejeros del CJF Bernardo Bátiz, Celia Maya, Eva Verónica de Gyvés Zárate y Sergio Javier Molina Martínez, cercanos al gobierno de la llamada cuarta transformación.
La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (Jufed) refutó la decisión de la Judicatura Federal y advirtió que el incumplimiento de las suspensiones otorgadas constituye una clara ruptura del Estado de derecho, así como una violación directa a la división de poderes, pilar fundamental del sistema democrático.
“El respeto a las decisiones judiciales es una condición indispensable para la preservación de la legitimidad y la confianza en nuestras instituciones”, sentenció la organización encabezada por la jueza Juana Fuentes Velázquez.
La Jufed reiteró que la implementación de la reforma judicial, contraviniendo las suspensiones otorgadas, pone en grave riesgo la viabilidad del Estado de derecho y la legitimidad democrática del gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, al generar una crisis constitucional.
Por ello, hizo un llamado urgente a los poderes Ejecutivo y Legislativo a la civilidad democrática, al respeto a las instituciones y a la adopción de decisiones que se apeguen estrictamente a la división de poderes y la legalidad. “La independencia y estabilidad del Poder Judicial son esenciales para la salud democrática de nuestro país y cualquier intento de socavarlas debe ser firmemente rechazado”, añadió.
La presidenta de la Jufed, Juana Fuentes Velázquez, aseguró que los jueces y magistrados han sido una burla ante la decisión que tomó la Judicatura Federal. “Qué va a pasar con el ciudadano de a pie cuando haya una resolución y no se cumpla”, señaló en entrevista.
En tanto, juezas, jueces y magistrados acusaron una violación al Estado de derecho, ruptura a la división de poderes y desconocimiento al PJF, luego de que el pleno del CJF avaló la reforma para enviar la lista de plazas disponibles de juzgadores con motivo de la elección popular.
Aseguraron que las autoridades están desconociendo los amparos, es una clara violación al Estado de derecho, están trabajando en la estrategia y advierten que, al no respetar la Constitución, están desconociendo al PJF, que es el encargado de poner límites al poder.
“Estamos ya en un régimen que no es democrático, están rompiendo con la división de poderes si continúan con la implementación, el incidente de violación a la suspensión, que es el instrumento legal para que se respete y se detenga tal implementación”, refirieron juzgadores y magistrados consultados por esta casa editorial.
Remarcaron que en la Suprema Corte están pendientes las controversias del artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, es decir controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad a través de las cuales se pueden echar abajo la reforma. “Ahí está la defensa legal todavía vigente, la pregunta seguirá siendo ¿Se respetarán las decisiones judiciales?”.
Los jueces subrayaron que el CJF es un órgano administrativo del PJF, como tal estaba obligado a respetar las suspensiones que han dictado juezas y jueces en varios estados.
Sostuvieron que la mayoría del CJF está desacatando órdenes dictadas en suspensiones, en amparo y con esto se rompió el Estado de derecho, el orden constitucional, los de casa dejaron de respetar la Constitución y la ley.
“Están cometiendo un delito, nosotros seguiremos actuando dentro de la legalidad. Lo que prevé la Ley de Amparo es el incidente de violación a la suspensión en contra de los cuatro consejeros del CJF”, refirieron.
Los juzgadores expresaron que el pronunciamiento de la Jufed es enérgico en contra del hecho, que el Consejo de la Judicatura autorizó la entrega de los listados al Senado para continuar con el proceso, porque al final violentan las suspensiones que han sido otorgadas.
Indicaron que el mensaje que está mandando el consejo es desacatar las suspensiones y remarcan que en un Estado de derecho y democrático, las resoluciones se cumplen y se pueden impugnar.
Enfatizaron que la división de poderes es parte de entender la decisión del juez, establecer o traer al marco de la legalidad las actuaciones de las autoridades, “el hecho de que no se cumpla consideramos que lleva a una crisis de constitucionalidad, es un ejemplo, de la falta de cumplimiento a la legalidad y es sumamente grave”.
