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La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés), en colaboración con la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) establecieron que mientras aumenta el consumo de sustancias prohibidas, el de drogas con fines médicos sigue estancado.
Ayer, ambos organismos presentaron en la sede de la ONU en México su informe anual 2018, denominado Avances en la disponibilidad de sustancias con fines médicos.
En este marco, de acuerdo con un reporte de la Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic) en el marco de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) en abril pasado, pudiera haber efectos perniciosos de la legalización del cannabis con fines no médicos en la sociedad, y uno de ellos es el aumento de su consumo con amenaza a la salud pública.
Así, aunque en México ya es posible el uso de algunos cannabinoides con fines medicinales, desinformación, falta de personal y de un censo de personas susceptibles de recibir este tipo de medicamentos ha impedido que se beneficien.
Antonino De Leo, representante de la UNODC en México, expuso que la capital de la República no tiene censos de los pacientes inscritos en las diferentes instituciones de salud, así como de los padecimientos que requieren el uso de medicamentos derivados de opioides.
Además, el personal médico capacitado y autorizado para prescribir medicamentos controlados para el manejo del dolor es insuficiente, “en una urbe de estas dimensiones, un profesional cubre nada más alrededor de 700 pacientes por mes”, dijo.
Por ello, la JIFE, en colaboración con la UNODC, recomendó a México políticas y campañas de información que venzan la fobia y el estigma hacia el uso de opioides.
En el documento, presentado ayer en la sede de la ONU en México, se recordó que países que deciden usar cannabinoides con fines médicos deben alertar respecto a que su uso mediante cigarrillo no cumple ese objetivo.
Al promover la idea de que el cannabis fumado sirve se puede transmitir la idea de que eso tiene un riesgo menor y puede contribuir a la legalización del uso de cannabis con fines no médicos, “lo cual contraviene los tratados de fiscalización internacional de drogas”.
Entre las recomendaciones del organismo internacional está el que los gobiernos que deseen establecer planes de acceso especial para permitir el uso de cannabinoides con fines médicos “deberían hacerlo únicamente cuando haya pruebas de su eficacia y su seguridad”.
